El Caso Convenios sigue expandiendo sus aristas en un fin de semana marcado por la respuesta del ministro de Vivienda, Carlos Montes, a las declaraciones del fundador y miembro de Democracia Viva, Daniel Andrade, quien aseguró que fue la Seremi de Vivienda la que lo contactó dado que tenían “malas valoraciones” de fundaciones anteriores.

Al respecto, si bien Montes evitó referirse a estas declaraciones, apuntó a los problemas en el modelo de entrega de fondos sin requerimientos, como la demostración de experiencia, además de criticar el cese de reportes de transferencias por parte del Consejo de Auditoria en junio de 2022, lo cual habría permitido conocer a tiempo los controversiales traspasos de fondos.

Posteriormente, aunque Montes se retractó de sus dichos, especificando que había hecho una referencia general al rol de dicha institución, a cargo en ese momento de la Secretaría General de la Presidencia, dirigida por Giorgio Jackson, las reacciones apuntando las responsabilidades políticas de este último en el Caso Convenios no se hicieron esperar.

“Uno tiene sospechas razonables en vista de que las fundaciones a las cuales se les ha trasferido recursos por parte de este gobierno pertenecen también al mismo grupo político del ministro que dio la orden de no informar de los traspasos. Naturalmente, aquí la arista penal la tendrá que ver el fiscal, la administrativa la está viendo el contralor, pero sin duda, acá también caben responsabilidades políticas”, señaló el senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke.

Hasta el momento, la fiscalía ha reportado que viene investigado a 37 fundaciones en todo el país a raíz de lo ocurrido con Democracia Viva, siendo Enlace Urbano, en la región de Tarapacá, la última que salió a la luz y cuyos pagos irregulares suman 782 millones de pesos.

“Esto estaba totalmente ramificado. Si bien nosotros, los equipos de abogados han identificado 30 mil millones, la grabación de la señorita Polizzi (implicada en la región del Biobío) habla de 50 mil millones y nosotros creemos incluso que es más grande que esto. Si usted suma el cambio que hace la Dipres en el presupuesto 2022, el cambio que hace el ministro Jackson nuevamente en su ministerio diciendo, estas transferencias no se van a reportar, y de nueve regiones pasa a diez, cada 24 horas aparece un convenio nuevo, esto ya no tiene para cuando parar”, precisó el diputado UDI, Jorge Alessandri.

“Si alguien en Chile cree que el ministro Jackson no es políticamente responsable de esto, el que crea el partido, el que instala a las personas (…) si no hay responsabilidad política de RD y en nuestro sistema político son los ministros los que asumen responsabilidad política para que no caigan los gobiernos: Presidente, use los fusibles. Porque todos saben lo que pasa en un auto cuando no se cambia el fusible, el auto se detiene”, emplazó el parlamentario.

Asimismo, aunque condenó lo sucedido con Enlace Urbano, el diputado comunista, Matías Ramírez, apuntó a que los fondos recibidos por dicha fundación datan desde la gestión del gobierno de Sebastián Piñera, por lo que solicitó también la revisión de dichos antecedentes.

“Estamos solicitando conocer cuáles son los lazos políticos de la fundación y de las personas quienes trabajaban en ese momento, no solamente en la seremía sino que también a cargo de asentamientos precarios, que es la oficina que autoriza dichas transferencias pero también las prórrogas de plazos respecto de los dineros que han sido entregados y aún no han sido rendidos. Es por ello que ingresaremos no solamente a la Contraloría una investigación especial para determinar la legalidad de dichas transferencias desde el año 2021, también allanaremos todos los antecedentes al Ministerio Público para avanzar en esta investigación”, señaló.

Cabe resaltar también que este mismo fin de semana, el ministro Mario Marcel defendió la labor realizada por la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, integrante de RD, asegurando que se trata de “probablemente la mejor directora de Presupuestos que hemos tenido” y cuestionando también el foco de las acusaciones sobre quienes tienen una militancia y no sobre quienes cometieron una irregularidad.

Mientras tanto, aunque también apuntó su crítica al sistema de traspaso de fondos, el ministro de Justicia, Luis Cordero, precisó que “quien pretenda aprovecharse u obtener ventajas o privilegios distintos a su función tiene que abandonar el Estado. Y esto vale desde el seremi hasta el ministro de Estado”.