Delicada es la situación que se ha instalado en el Gobierno luego del secuestro del teniente coronel en retiro de Venezuela, Ronald Ojeda Moreno, la madrugada del miércoles.

La información apunta a que el exmilitar de 32 años fue sacado a la fuerza de su domicilio en la comuna de Independencia por sujetos vestidos de funcionarios de la Policía de Investigaciones y, si bien se desconoce su paradero, voces indican que ya se encontraría en suelo venezolano.

Ojeda, disidente de Nicolás Maduro, se encontraba tramitando su condición de refugiado en Chile desde 2018 tras estar preso en la Cárcel de Ramo Verde, recinto penitenciario por el que también pasaron reconocidas figuras opositoras venezolanas, tales como Leopoldo López y Antonio Ledezma, quienes están asilados en España.

Precisamente, es por este antecedente que el Ejecutivo -en voz del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve– dijo tener la obligación “de ponerse en todas las hipótesis posibles”, aunque evitó revelar mayor información, dado que la investigación fue declarada secreta por el Ministerio Público.

Tras una reunión en el Palacio de La Moneda, la autoridad profundizó sobre este tema, señalando que el encuentro se produjo con el objeto de informar al Presidente de la República Gabriel Boric sobre la situación y las acciones que el Gobierno está llevando adelante.

“En segundo lugar, quiero informar que, en el transcurso de la mañana, junto con la ministra del Interior hemos sostenido una reunión con el fiscal nacional -Ángel Valencia-, también con el fiscal Héctor Barros porque en investigaciones de esta naturaleza es muy importante la coordinación con el Ministerio Público, quien está a cargo y conduce las diligencias para aclarar este eventual delito”, expresó.

Además, Monsalve remarcó que esta reunión se efectuó “primordialmente para que el Gobierno pudiera comunicarle al fiscal nacional la disposición de poder entregar toda la colaboración que se requiera para que las diligencias y la tarea que está a cargo del Ministerio Público, que tiene que ver con esclarecer este eventual delito, se puedan disponer de todos los recursos necesarios”.

“Quiero informar que el Gobierno, como en otros casos de delitos graves, en materia de homicidios y también secuestros, ha decidido querellarse. Siempre nos parece que es una decisión muy importante, la querella que se presenta a través del Ministerio del Interior es una señal política de que al Gobierno le interesa que estos casos no queden en la impunidad, pero, además, le permite hacerse parte de las diligencias para esclarecer este tipo de delitos”, agregó.

En cuanto al requerimiento de sectores políticos de citar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) y tomar medidas diplomáticas por este caso, el subsecretario comunicó que “a través del embajador que Chile tiene en Venezuela será pedido particularmente, sostener reuniones con autoridades del gobierno venezolano que no voy a detallar porque esperamos que las gestiones del embajador tengan éxito y hay que recordar también que hay una relación de colaboración entre nuestras policías. Por lo tanto, la PDI también ha tenido contacto con sus contrapartes policiales en Venezuela”.

“Aquí hay muchas hipótesis, la que importa es la que valide el Ministerio Público y el fiscal que está a cargo de esta investigación. Por lo tanto, veo que se llegan a conclusiones muy prematuras por diferentes actores y lo que corresponde hoy día es colaborar con la investigación”, dijo.