En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados, Marco Antonio Sulantay (UDI), señaló que el Congreso impulsará todas las acciones necesarias para asegurar que los montos cobrados en exceso en las cuentas de electricidad se devuelvan directamente a los usuarios, sin mecanismos dilatados ni fórmulas complejas que perjudiquen a los consumidores.

La declaración surge tras confirmarse un error en la aplicación de la metodología tarifaria, que habría derivado en un doble cobro de IPC e intereses, afectando a hogares y empresas a nivel nacional. “La gente pagó de más, eso está establecido. Y nosotros no vamos a aceptar ideas que estiren la devolución en cuotas eternas o diluidas en el tiempo. El dinero tiene que volver de forma directa y clara a cada persona afectada”, afirmó el parlamentario.

Según explicó Sulantay, la controversia tiene su origen en 2016, cuando se aprobó la nueva ley de transmisión eléctrica. A partir de esa norma, en 2017 comenzó a desarrollarse una nueva metodología para calcular las tarifas. No obstante, no existe aún claridad sobre el momento exacto en que esa metodología comenzó a aplicarse.

“Tenemos dos hipótesis: una, que la metodología se aplicó desde un comienzo, pero como la inflación era baja en ese momento, no se percibió el alza; y otra, que no se aplicó efectivamente hasta después del descongelamiento tarifario en 2024. Estamos pidiendo información detallada al ministerio para establecer con precisión esa línea de tiempo”, puntualizó.

Durante los cinco años que se mantuvo congelada la tarifa eléctrica el error no generó efectos visibles. Sin embargo, al terminar el congelamiento, la metodología comenzó a operar plenamente y se aplicó un cobro adicional indebido, que fue detectado recién hace pocas semanas.

La situación provocó consecuencias políticas inmediatas tras darse a conocer a la luz pública el sobrecosto. Así, el Gobierno anunció la salida del ministro de Energía, Diego Pardow, y del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Marco Mansilla.

Sulantay, sin embargo, advirtió que las responsabilidades no se limitan a las actuales autoridades: “Esto tiene larga data. Pasó por distintos gobiernos, por distintas administraciones y equipos técnicos. Por eso, lo primero que hicimos desde la Comisión fue pedir antecedentes para reconstruir toda la línea de tiempo. Las responsabilidades técnicas recaen en la Comisión Nacional de Energía de Chile (CNE), que elabora los estudios tarifarios, y las políticas y administrativas, en el Ministerio de Energía, que firma los decretos”.

El parlamentario también destacó que, a pesar de la gravedad de la crisis, el exministro Pardow “siempre dio la cara” y acudió a la Comisión a explicar la situación. “Eso no lo exime de responsabilidad política, pero marca una diferencia respecto de otros casos en que los ministros no han estado disponibles para responder”, señaló.

Cabe destacar que el exsecretario ejecutivo de la CNE, Marco Mansilla, estimó en 100 millones de dólares el monto pagado en exceso desde 2024, aunque advirtió que la cifra podría ser superior si se consideran los años previos. El dinero —que ya fue transferido a las empresas generadoras— deberá ser restituido a los consumidores.

“Hay un fondo de 114 millones de dólares que hoy está en manos de las generadoras. Nosotros entendemos que estas empresas pueden decir que no tuvieron responsabilidad directa en el error, pero el primer derecho que debemos defender es el de la gente. Si no hay un mecanismo legal rápido para devolver la plata, lo vamos a crear. No vamos a permitir que se diluya la devolución ni que se maquille el problema”, aseguró.

El parlamentario igualmente detalló que la Comisión de Minería y Energía está a la espera de los antecedentes solicitados al Ministerio de Energía para determinar la extensión del error y su impacto total. Con esa información, se evaluará la presentación de una iniciativa legal que permita establecer un mecanismo de restitución expedito y transparente, además de eventuales sanciones.

“Esta crisis tiene que servir no solo para corregir un error puntual, sino para ordenar definitivamente el sistema. No vamos a dejar que la gente vuelva a pagar el costo de los errores técnicos o políticos”, concluyó.