“El contexto actual de las personas LGBTQ+ en El Salvador es bastante hostil, sobre todo ante la retirada de todas las políticas públicas que se habían construido por años”, explicó Bianka Rodríguez, activista trans de El Salvador y directora ejecutiva de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (ILGALAC). 

El país de América Central atraviesa un contexto de profunda erosión del estado de derecho, con un régimen de excepción vigente desde el año 2022. “Las autoridades han cometido violaciones de derechos humanos generalizadas, incluyendo detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos en detención, y violaciones al debido proceso”, relata Human Rights Watch. 

En este escenario, es que el Estado retrocedió para las personas disidentes sexuales y de género. “Lastimosamente, con la llegada del gobierno de Bukele, todas esas políticas, que permitían el goce y disfrute de los derechos fundamentales, fueron derogadas, lo que ahora limita su acceso, así como los servicios que las instituciones públicas brindan hacia las personas LGBT”, contó Bianka.

“El contexto de violencia es persistente también, vemos como a pesar de que ya no hay ataques de homicidio contra personas LGBT, sí hay desapariciones, por ejemplo, hay mucha hostilidad en una sociedad que siempre criminaliza a las personas sexo-género disidentes, pero también vemos una inactividad de la respuesta estatal para protegerles en sus derechos fundamentales”, profundizó la activista. 

En El Salvador no hay una ley de identidad de género, o sea, el Estado no cuenta con una normativa que reconozca la identidad de las personas trans. Por lo tanto, además de las discriminaciones estructurales que recibe esta comunidad, quienes hayan realizado el proceso de transición de género tienen mayores dificultades . “Les coloca en una situación de mayor desventaja frente a otras personas del colectivo LGBT, entonces, las personas trans no pueden acceder a la educación, no pueden acceder a un empleo digno, no pueden acceder libremente a la salud, porque hay mucho estigma y discriminación frente a sus identidades”, indicó Rodríguez.

Las organizaciones salvadoreñas trabajan desde el año 2010 para avanzar en una ley de identidad de género, aunque sin éxito. Esta propuesta ya se ha hecho dos ocasiones, pero “lastimosamente, en el primer gobierno de Bukele, se dijo que esta ley era obsoleta y que no estaba de acorde a la realidad nacional”.

“En 2021, la Sala de lo Constitucional, a través de un recurso de inconstitucionalidad, declaró que existe un agravio para las personas trans el que no se reconozca su identidad de género y que las pone en situaciones de desventaja y de mayor vulnerabilidad y violencia. Así, mandató a la Asamblea Legislativa a que en un periodo no mayor a un año se realizara la adecuación de la normativa vigente, pero la Asamblea Legislativa, ahora gobernada por el oficialismo, ha hecho caso omiso a este mandato de la Sala de lo Constitucional”, señaló.

En diciembre del año 2021, Bianka logró que el Estado reconociera su nombre y género. “Logré, bajo agotamiento de vía judicial, el reconocimiento de mi nombre y de mi género en mis documentos de identidad, lo que permitió una base legal para que personas trans, a pesar que no existe una ley de identidad de género, puedan acceder a este derecho”, contó. 

Sin embargo, “es un derecho muy selectivo. El juez toma en consideración varios aspectos para otorgarlo y en muchos casos hace la denegatoria, por ejemplo, del reconocimiento del género. Además, es un desafío el tener que contratar a un abogado e implica una inversión de un recurso económico el cual las personas trans no pueden tener o no pueden darse un lujo de contratar a un abogado para poder obtener su reconocimiento de género”. 

Todo este contexto que viven las personas trans y en general las personas disidentes sexuales y de género en El Salvador, no era advertido antes de que Nayib Bukele llegara al poder. “Sobre todo porque él tuvo un trabajo articulado con las organizaciones de derechos humanos cuando él fue alcalde de San Salvador”, señaló Bianka. 

“Él tenía ese trabajo articulado con las organizaciones sociales e incluso él se nombraba como el primer alcalde que había creado un espacio seguro dentro de una municipalidad y que quería llegar a ser el primer alcalde que oficiara una boda LGBT”, contó también. 

Todo ese discurso cambió cuando llegó a la presidencia, aseguró la activista. “En el primer día de su mandato derogó la Secretaría de Inclusión Social y la Dirección de Diversidad Sexual la trasladó a la Unidad de Género del Ministerio de Cultura para que atendiera los asuntos LGBT”, indicó. 

“Ya luego empezamos a ver que ministerio tras ministerio iban derogando todas estas políticas de seguridad, de atención a población vulnerable, en materia de salud sexual y reproductiva, en muchos aspectos. Ahí ya notamos una discrepancia entre el discurso, hasta que realmente se posicionó en contra del movimiento LGBT y lo denominó una agenda de ideología de género”, finalizó la activista. 

“Las políticas públicas o las leyes, pueden retroceder”

Bianka se inició en el activismo en 2014 en COMCAVIS Trans y en 2017 llegó a liderar dicha organización.  “Empecé a denunciar mayormente estas vulneraciones de derechos, la falta de acceso a servicios públicos, a denunciar toda la discriminación y violencia, sobre todo los asesinatos cometidos hacia personas trans. Mi empoderamiento era para denunciar la violencia, tanto social como estatal, que obligaba a las personas LGBTQ+ a huir del país en búsqueda de protección”, contó.

En 2019 fue galardonada con el Premio Nansen Regional para las Américas por encabezar la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+ en El Salvador y en 2021 llegó a ILGALAC convirtiéndose en su directora. “No es fácil, sobre todo por la criminalización que sufrimos los defensores y defensoras de derechos humanos, sobre todo ante un gobierno que tiene la palabra derechos humanos criminalizada”, aseguró Rodríguez. 

La activista aseguró que “este discurso populista ha logrado que a nivel social a las personas defensoras de derechos humanos se nos siga criminalizando y que se nos siga vulnerando ese derecho a defender derechos. Incluso hay personas defensoras de derechos humanos detenidas precisamente por denunciar estos abusos, algunas obligadas incluso a exiliarse en otros países por esta represión que existe en El Salvador”. 

Bianka viajó hasta Chile para dar un taller en la Escuela de Formación LGTBIQA+ Actívate, para fortalecer vocerías y liderazgos. Además para participar del conversatorio “Derechos en disputa: respuestas colectivas desde los liderazgos y vocerías LGTBQIA+”, que se realizó el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ambas instancias organizadas por Fundación Poderes en colaboración con Chile Necesita Educación Sexual Integral (ESI Chile) y con el apoyo del Instituto Update.

A partir de su viaje, la activista aseguró que es fundamental tener una mirada regional respecto a derechos de las personas LGBTQIA+. “A pesar de que tengamos leyes, políticas públicas que estén aprobadas, esas políticas públicas o esas leyes pueden retroceder. Entonces, informar sobre las realidades que están enfrentando los colectivos LGBT en otra parte del mundo, da a conocer la necesidad de seguir abogando, de no desarticularse, porque hoy por hoy vemos una región gobernada por la ultraderecha, vemos discursos de odio, discursos divisionistas, discursos que atentan contra nuestros derechos”, afirmó.