El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, admitió que podrían existir “casos aislados” de embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) cuyos ingresos actuales sean inferiores al umbral de $3,5 millones. La autoridad se refirió así a la polémica generada por los procedimientos de cobranza de la Tesorería General de la República (TGR), luego de que se conocieran denuncias de personas que afirmaron haber sufrido embargos pese a recibir sueldos por debajo de ese monto de referencia.
Según explicó Quiroz, para definir los cobros se consideraron los ingresos declarados en la Operación Renta 2025, que corresponden a las remuneraciones del año 2024. “Hice la consulta bien específica, corresponde a los ingresos que fueron declarados en la Operación Renta el año pasado y por lo tanto corresponden a ingreso del año 2024”, sostuvo el ministro.
En esa línea, reconoció que podrían existir discrepancias entre lo declarado entonces y la situación actual de algunos deudores. “Pudiese ser que hay algunos casos aislados en que el ingreso del 2025 difiere del año 24, o el ingreso actual en los últimos meses difiere del anterior. Ahí puede haber estos casos donde no coincide este límite”, señaló.

De todos modos, Quiroz aseguró que mayoritariamente el criterio de los $3,5 millones se ha aplicado de forma correcta. “Está muy cuadrado”, afirmó, y agregó que no existe instrucción de embargar a personas con rentas declaradas bajo ese límite.
El ministro también remarcó que los recursos del CAE provienen de fondos públicos y que la alta morosidad implica un costo para el Estado. “Lamentablemente hay una morosidad muy alta que le significa al Estado que tiene que salir a comprar todos los años 500 millones de dólares aproximadamente por este tipo de crédito”, indicó. Según Quiroz, la deuda total de estos morosos con el Gobierno asciende actualmente a $4 billones.
En paralelo, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados acordó invitar al Ministerio de Hacienda y al tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, para abordar el procedimiento utilizado en la cobranza de deudores del CAE.
El presidente de la instancia, el diputado Agustín Romero (Republicano), explicó que también se solicitó información detallada sobre la medida, la cantidad de deudores y su estratificación por ingresos. Aunque desde la oposición se pidió suspender el proceso de embargo, la propuesta no alcanzó el quórum necesario en la comisión.






