Si bien desde el Gobierno hasta los estudiantes valoraron la implementación de la ley corta de gratuidad, manifestaron su preocupación por el anuncio del Ejecutivo de ingresar el proyecto de ley de educación superior al Parlamento sin antes haberlo socializado con los actores sociales de la educación.
“Hoy estamos dibujando entre todos la historia de Chile de una manera distinta”. Con estas palabras la ministra de Educación celebró la aprobación de la ley corta de gratuidad por el Congreso. Mientras, parlamentarios oficialistas insistieron en sus críticas a la derecha y al Tribunal Constitucional por el rechazo a la glosa de gratuidad.
Conforme se mostró el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, luego que el Parlamento aprobara la ley corta de gratuidad enviada por el Gobierno para asegurar este beneficio a los alumnos vulnerables de las universidades que cumplan con los requisitos para hacerlo.
El diputado de Revolución Democrática acusa a la derecha de actuar mediante un eslogan político y desde siempre oponerse a la gratuidad, además de ocupar la amenaza del Tribunal Constitucional para lograr una mejor posición negociadora. “Eso es una captura democrática que hay que denunciar”.
En el marco de la discusión por gratuidad, actores sociales de la educación emplazaron al Gobierno a realizar una transformación profunda y definitiva del sistema educacional, que vaya más allá de una ley corta que asegure gratuidad a algunas instituciones de educación superior.
Desde las 18.30 la Confech junto a rectores del CUECh, marchan desde Plaza de Armas hasta la casa central de la Universidad de Chile para manifestarse por una transformación profunda del sistema educativo en Chile.
El ex miembro de la Comisión Nacional de Acreditación criticó la decisión de la Fiscalía, toda vez que el delito investigado atentó contra la fe pública. Por lo tanto, llamó al Ministerio Público a juzgar sin este tipo de acuerdos.
En conversación con Radio Universidad de Chile, el académico no solo cuestiona la lealtad que debiera darse a los principios que establece la sentencia del Tribunal Constitucional. También critica la falta de visión del Gobierno respecto de una política gradual capaz de integrar los distintos proyectos y dar claridad sobre un punto de llegada.
El Diario Electrónico de la U. de Chile accedió al fallo completo del TC. Entre sus argumentos, el Tribunal califica de “quimera” el proyecto de gratuidad. En respuesta al documento, el Gobierno evalúa cómo implementar su compromiso. Mientras rectores y estudiantes se preparan para marchar.
A la espera del fallo íntegro del Tribunal Constitucional, la educación superior define este lunes diversos aspectos. Y si bien el Ejecutivo confirmó que ninguna universidad estatal quedará fuera del beneficio, entre los planteles afectados, como la Universidad Arturo Prat, advierten sobre el grave daño que ha generado el Gobierno con sus políticas.
Alrededor de treinta minutos, universitarios y secundarios se mantuvieron en el frontis del edificio ubicado en calle Teatinos, en protesta para exigir “educación gratuita para todos y todas”. Este lunes, el Tribunal Constitucional dará a conocer íntegramente el fallo que impugnó la glosa de gratuidad para la educación superior.
Una tensa espera es la que mantienen tanto en La Moneda, como en el mundo académico frente a la posibilidad de que el Tribunal Constitucional dé a conocer el texto con el fallo íntegro de su impugnación a la glosa de gratuidad, para así determinar los caminos a seguir para implementar este beneficio.
La definición del modelo de financiamiento para la educación superior atraviesa horas cruciales en la previa de la publicación del fallo del Tribunal Constitucional que determinará el modo en que el Estado puede relacionarse con las instituciones de educación superior. En tanto, la Universidad Católica anunció que participará de la gratuidad en 2016.
En conversación con Radio Universidad de Chile, la parlamentaria criticó la Ley Corta propuesta por el Gobierno, calificando de “indigno” el que se trate de hacer entrar “por la ventana” a las instituciones que, por abandono del Estado, quedan fuera de los criterios de la gratuidad.
El Colegio de Profesores planteó al Gobierno una propuesta para que se pueda pagar la “deuda histórica” que el Estado tiene con el Magisterio, en la cual incluso proponen que se haga un pago de manera gradual, pero es necesario, desde el punto de vista de los docentes, que exista real voluntad política para llegar a una solución a este problema.
