Como pocas veces ha ocurrido durante el mandato de Sebastián Piñera, la oposición logró adoptar una postura unitaria tras los duros dichos de la vocera de Gobierno hacia el Partido Socialista. Pero, pese a la acción conjunta de todas las bancadas opositoras, la prueba de fuego estará en lo que ocurra con la acusación constitucional, cuya presentación, debido a la falta de apoyos, debió ser postergada para el 5 de septiembre.
Consultamos a abogados constitucionalistas y académicos expertos en el tema, si existe sustento procedente para que el ministro del Interior sea sometido a un eventual juicio jurídico político, tal como lo plantearon recientemente diputados de oposición.
El Presidente Sebastián Piñera dio un rotundo respaldo a la gestión del ministro del Interior. Mientras, momentos antes, diputados de oposición decidieron postergar y dejar en estudio una eventual acusación constitucional contra el jefe de Gabinete.
En un punto de prensa en La Moneda, Sebastián Piñera hizo un llamado a los diputados a desistir de la idea de una acusación constitucional y a colaborar con el proyecto de reestructuración de Carabineros.
Así lo anunció el diputado Matías Walker, quien indicó que la medida fue tomada luego del respaldo del Gobierno a la autoridad regional.
En el estudio concluyeron que ésta “es una herramienta de fiscalización en extremo excepcional, y no resulta responsable utilizarla para hacer un mero punto político.
En entrevista con nuestro director, Patricio López, el diputado frenteamplista criticó la votación de nueve parlamentarios democratacristianos que se opusieron a la acusación constitucional contra tres ministros de la Corte Suprema. Al respecto, reprochó la condición de “bisagra” que tiene la falange en cuanto a su relación con la oposición y el Gobierno.
En una larga jornada que comenzó a las 10:30 de la mañana de este jueves con la sesión de la Comisión, continuó con el debate de la “cuestión previa” y culminó con la votación en la Cámara, los Diputados optaron por no acusar constitucionalmente a los ministros Valderrama, Künsemüller y Dolmestch. La discusión tuvo su foco principal en la pugna entre el Poder Legislativo y el Judicial.
Por cuatro votos contra uno, los diputados miembros de la comisión encargada de revisar el mérito de la acusación constitucional a los ministros Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama, aprobaron el informe que será revisado por la sala durante la tarde y noche de este jueves.
El ex presidente del máximo tribunal y el actual ministro de la institución argumentaron que el camino que ha tomado la oposición al respecto podría entorpecer los procesos de derechos humanos.
En conversación con Radio Universidad de Chile, la diputada comunista se refirió al intento de la UDI por inhabilitarla de la acusación constitucional contra los jueces que otorgaron libertad condicional a siete criminales de lesa humanidad. La parlamentaria aseguró que ha recibido apoyo, incluso, desde sectores de Chile Vamos.
De prosperar la idea del partido oficialista, la acusación constitucional no cumpliría con los requisitos de forma y se daría por no presentada, pues no tendría el número mínimo de firmas patrocinantes.
El presidente del máximo tribunal del país expresó en su discurso ante los nuevos abogados que tomaron juramento ante el Pleno, su inquietud respecto de las consecuencias de la acusación constitucional a los ministros de la sala penal. “Cada uno de estos poderes puede actuar solo en las materias propias de su área, lo que también puede decirse afirmando que no es lícito que alguno de estos poderes intervenga en la cuestiones que privativamente han sido encomendadas a otro”.
Esto, después de que el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, se reuniera con el Presidente Sebastián Piñera en el Palacio de La Moneda.
La Comisión Política de la colectividad recomendó a sus congresistas rechazar la acusación constitucional contra los jueces que otorgaron libertad condicional a criminales de lesa humanidad, sin embargo, la oposición confía en que los legisladores honren el compromiso adoptado por los parlamentarios de la entidad.
Parlamentarios de todas las bancadas de la oposición presentaron este miércoles la acusación constitucional en contra de tres de los ministros de la Sala Penal del Máximo Tribunal. La acción se da luego del otorgamiento de libertad condicional a siete condenados por crímenes de lesa humanidad. Desde el Ejecutivo salieron a criticar la medida, asegurando que con ésta se afecta gravemente el Estado de Derecho.
A través de un comunicado, la máxima institución del poder judicial en nuestro país aseguró que se está dañando el estado de derecho con la posible intervención de los parlamentarios.
