Durante esta mañana se realizó la reconstitución de escena de la muerte de Miguel Enríquez, dirigente del MIR, que busca esclarecer si se produjo a causa de un enfrentamiento o si fue parte de una ejecución de la DINA durante la dictadura. El ministro en visita Mario Carroza aseguró que es necesario determinar las responsabilidades del caso si es que las hubiera, pero con prudencia.
Tanto los familiares de detenidos de desaparecidos, como los de ejecutados políticos coincidieron en señalar que la campaña que se ha levantado desde diversos sectores para entregar beneficios carcelarios a criminales condenados por delitos de lesa humanidad, ha sido posible gracias a la inacción del Ejecutivo en la lucha contra la impunidad.
Agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos calificaron así la posibilidad de que se entreguen beneficios a violadores de DDHH. “Es una señal muy mala que se está dando para el resto de nuestras generaciones futuras”, señalaron.
Así resumió la situación que le tocó presenciar a la presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos en su reciente visita a Palestina. Por lo mismo, hizo un llamado a que los actores internacionales realmente se comprometan con el sufrimiento del pueblo palestino.
Las organizaciones sociales están preocupadas por los anuncios que se realizarán el próximo 21 de mayo. Esto porque el gobierno podría presentar el mecanismo de prevención de la tortura antes de tipificar el delito propiamente tal. Además, criticaron la forma en que se está enfrentando la agenda de Derechos Humanos a puertas de un nuevo balance de cumplimento y la aparición de nuevos compromisos…
Organizaciones y parlamentarios criticaron a la posibilidad de otorgar la libertad condicional a violadores de DDHH como Miguel Krassnoff y Miguel Estay “El Fanta”. “Ellos nunca han tenido actitud de arrepentimiento”, señaló la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
El presidente de la comisión investigadora del caso Fraude en el Ejército se refirió al patrimonio de más de mil millones de pesos en propiedades que acumula el ex general, y señaló que investigarán si existe relación entre el llamado “Milicogate” y los bienes del ex comandante en jefe del Ejército.
Agrupaciones de DD.HH. solicitaron a la Corte Suprema abrir la causa de Agustín Edwards, dueño de El Mercurio, por sus responsabilidades en la preparación del golpe militar de 1973. Mientras que el Colegio de Periodistas apoyó la petición asegurando que es necesario perseguir a los culpables de los delitos de lesa humanidad efectuados durante la dictadura.
Como “una deuda del Estado chileno” calificaron diferentes organizaciones el envío del protocolo facultativo de la Convención Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mecanismo que establece las herramientas para garantizar a nivel internacional derechos tan relevantes como la salud y la educación.
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y la Confederación de Trabajadores del Cobre entregaron una carta al ministro de Defensa para exigir la renuncia del general Humberto Oviedo, por distintas irregularidades, como la permanencia de los pactos de silencio o el caso “Milicogate”.
En total se habrían adulterado 228 firmas. Los DC Roberto León y Sergio Ojeda, Laura Soto (PPD), Francisco Encina (PS) y el ex senador socialista Camilo Escalona habrían sido los afectados.
Los fraudes e irregularidades en las Fuerzas Armadas denunciadas, por ejemplo, en el caso “Milicogate” han traído nuevamente al debate el rol de los cuerpos de seguridad y orden, así como los gastos y la inversión del Estado en armamento y logística militar. En este contexto, abogados y organizaciones de Derechos Humanos llamaron a las autoridades a regularizar la diferencia que existe entre las pensiones que reciben los ciudadanos comunes y los militares.
Alberto Espinoza, defensor del ex integrante del FPMR, Galvarino Apablaza, reaccionó a las palabras que han surgido desde la UDI exigiendo el término del beneficio al que accedió Apablaza luego de aparecer como víctima de la dictadura en la Comisión Valech II.
La reciente revelación sobre la venta y arriendo de inmuebles por parte de Cema Chile de bienes entregados por el Estado, y que irían a parar directamente a las arcas de Lucía Hiriart, generó la petición de diversas organizaciones sociales al gobierno para que se confisquen estas propiedades.
Desde las organizaciones de Derechos Humanos valoraron la medida, sin embargo, indicaron que aún es necesario romper los pactos de silencio.
” Sólo el 7 por ciento de los cuerpos de los detenidos desaparecidos ha sido hallado”, indicaron desde Londres 38.
Según Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, la decisión tiene que ver con cómo el Gobierno ha llevado las causas ligadas a los Derechos Humanos.
