En la tercera conmemoración de la muerte del joven Manuel Gutiérrez, Amnistía Internacional Chile, exige reformar la ley sobre justicia militar para para asegurar que violaciones de derechos humamos sean vistas en tribunales ordinarios.
Con el inicio de la campaña “Presidenta Michelle Bachelet, que todos los Derechos Humanos no queden en el papel”, la organización pretende avanzar en distintas materias a nivel nacional. Entre las prioridades aparecen la derogación de la ley de Amnistía, el avance en derechos sexuales y reproductivos, así como el establecimiento global del principio de no discriminación y el respeto a la diversidad.
Hace cincuenta años, Brasil vivió un golpe militar que desencadenaría una dictadura de más de dos décadas, en la que se experimentarían los mecanismos de intervención y represión posteriormente aplicados en el resto de América Latina. La simbólica fecha coincide con una sociedad brasileña dividida, adormecida y avergonzada, ante los tímidos avances judiciales en la región que denotan aun más la impunidad en la que han permanecido sus crímenes durante medio siglo.
Este jueves se cumplieron dos años de la muerte del joven Daniel Zamudio, caso emblemático que aceleró el trámite de la llamada “Ley Antidiscriminación”. A más de un año y medio de promulgado el cuerpo legal, organizaciones evalúan su funcionamiento.
Aprobar el acuerdo de vida en pareja y despachar el veto a la ley de televisión digital son parte de los objetivos que fijó el Gobierno para la última semana legislativa. Según indicaron los expertos, la premura por aprobar estas leyes podría perjudicar a los actores involucrados.
A fines de enero Chile se somete al Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la evaluación de las organizaciones ciudadanas es que si bien el Gobierno puede mostrar algunos cumplimientos parciales en las recomendaciones que le realizó el mismo organismo el 2009, no existe ninguna materia ciento por ciento resuelta.
El Senado debe revisar desde este lunes el proyecto legislativo que busca fortalecer el orden público, mediáticamente conocido como “Ley Hinzpeter”, con el cual se busca sancionar delitos contra carabineros y la propiedad realizados durante marchas y manifestaciones sociales. El proyecto que se tramita desde octubre de 2011 registra innumerables avances y retrocesos en ambas salas del Congreso, de modo que su futuro sigue siendo incierto.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado aprobó en general la llamada “Ley Antiencapuchados” o “Ley Hinzpeter”, iniciativa que sanciona los delitos “que afectan el orden público”. Ante el trámite parlamentarios que aún queda por resolver, agrupaciones insisten en el rechazo ciudadano que genera el proyecto.
Además, se pide que se adopten medidas para garantizar justicia, verdad y reparación a las víctimas, muchas de las cuales aún siguen desaparecidas cuatro décadas después del golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende.
Amnistía Internacional, Acción AG y Greenpeace manifestaron hoy su preocupación ante la posible votación en la sala de la Cámara de Diputados del proyecto de Ley que Fortalece el Resguardo del Orden Público, más conocido como “Ley Hinzpeter”, en la sesión el día de mañana. Al respecto, Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional- Chile, […]
Este miércoles se conmemora el Día Internacional Contra la Tortura, que sorprende a Chile con una serie de debilidades legales que impiden asegurar que ningún ciudadano sufra tratos crueles, inhumanos o degradantes. Para organizaciones de derechos humanos, la tortura está lejos de ser un tema del pasado. Estudiantes, mapuches y reos son en la actualidad víctimas de torturas, propinadas fundamentalmente por Carabineros y Gendarmería.
Salvo pequeños avances, 2012 fue un año perdido en materia de protección, defensa, ampliación y perfeccionamiento de los derechos fundamentales en el país. Así lo estableció el informe anual elaborado por Amnistía Internacional, que constató que las marchas siguen siendo duramente reprimidas; las mujeres continúan sin poder decidir sobre su cuerpo y los pueblos originarios aún no pueden incidir en los proyectos de inversión que los afectan. A esto se sumó una tendencia mundial, que es la desprotección social que aflige a las personas inmigrantes.
