El pasado lunes, el directorio de la Asociación se reunió con representantes del Ejecutivo para analizar este escenario. Aunque hay matices, algunos alcaldes aseguraron que no están las condiciones para desarrollar esta votación en octubre.
El resultado, si bien no es vinculante, será entregado a la Presidencia de la República y al parlamento.
Son 169 las comunas que participarán de esta consulta, cuya idea surgió a partir de las movilizaciones ciudadanas y que se realizará pese al acuerdo parlamentario alcanzado en materia constitucional y que fijó un plebiscito para el próximo mes de abril.
El jefe comunal de Recoleta, Daniel Jadue, informó que se sumarán nuevas preguntas aparte de la decisión sobre Asamblea Constituyente. Además, celebró que nuevas administraciones se sigan integrando a la iniciativa popular.
Adolfo Millabur dijo en Radio Universidad de Chile que “ha habido malas señales de parte de quienes están a cargo de Carabineros”. Además, cuestionó la “letra chica” del acuerdo para una nueva Constitución.
La votación organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades busca consultar a la comunidad sobre la necesidad de una Nueva Constitución.
A partir de las recientes declaraciones de Gerardo Varela, quien ha dicho que el gobierno está escuchando a los municipios que desean mantener la administración de los colegios públicos, expertos, alcaldes y parlamentarios se refirieron a la concreción de la ley de desmunicipalización.
El examen que se rinde en febrero faculta a los especialistas para trabajar en el servicio público.
La propuesta se realizó en conjunto con el Colegio de Profesores y la Asociación Chilena de Municipalidades. De esta manera, pidieron al Ministerio de Educación acelerar las mesas técnicas comprometidas por el Ejecutivo.
Luego de que el Ministerio de Educación postergara el ingreso de esta iniciativa al Congreso por dos meses, el encargado de educación de la AChM, Gonzalo Navarrete se reunió con el presidente del magisterio, Jaime Gajardo para formar una alianza prelegislativa y evitar, según especificaron, lo ocurrido con el proyecto de Carrera Docente.
La gestión de episodios críticos de contaminación ambiental nuevamente acapara la atención de los municipios de la zona poniente de Santiago, las zonas más perjudicadas por razones geográficas y sociales. Los llamados a la autoridad central apuntan a modificar el sistema predictivo de la calidad del aire y a realizar acciones de prevención.
La desmunicipalización es uno de los puntos clave en la reforma a la educación que contempla el Gobierno. La idea concita atención de alcaldes, parlamentarios y expertos, quienes analizan una nueva relación de trabajo con el Mineduc, además de distintos aspectos que deben ser considerados al devolver los establecimientos al Estado.
Con la presión del paro fijado por los trabajadores para el próximo 30 de marzo, diversas reuniones entre representantes del Gobierno, municipios y trabajadores intentan destrabar las demandas. Gobierno cuenta con mayoría para aprobar el proyecto en ambas cámaras del Congreso Nacional.
Recolectores de basura dieron plazo hasta el 13 de marzo para que el gobierno haga efectiva el alza salarial acordada el 31 de julio de 2013, en caso contrario habrá movilizaciones en todo el país. Desde la Asociación Chilena de Municipalidades dicen estar de manos atadas, que no hubo voluntad de cumplimiento y que el Presidente Piñera traspasa una “bomba de tiempo” a Michelle Bachelet.
La Asociación Chilena de Municipalidades y el Colegio de Profesores se comprometieron a impulsar la desmunicipalización de la educación y llamaron al actual gobierno a no presentar leyes de amarre que dificulten ese proceso, y al Congreso a rechazar el proyecto de carrera docente, actualmente el trámite. Además, pidieron a los alcaldes no continuar con los cierres de colegios en sus comunas.
La crisis municipal alcanza a la justicia local: los alcaldes de cinco pequeñas comunas del país afirman que no podrán solventar sus Juzgados de Policía Local por falta de recursos. Desde la Asociación Chilena de Municipalidades se pide que el Estado entregue los dineros necesarios.
Los alcaldes de la Alianza defendieron que la educación pública se mantenga bajo la administración de las municipalidades e insisten en que el problema de la desigualdad territorial se resuelve con mejor gestión y no con la devolución de las escuelas y liceos al Ministerio de Educación.
