El sociólogo de la Universidad de Chile y académico de la Universidad de Santiago, conversó con Radio y Diario Universidad de Chile sobre su último libro “Autopsia, ¿de qué se murió la elite chilena?”, y planteó que no existe, hasta ahora, un liderazgo que desde fuera de la elite, impugne el pacto que en los últimos años ha hecho crisis en la escena política y social chilena.
Soquimich, Lan Chile, Entel y Endesa fueron algunas de las empresas públicas privatizadas durante los últimos años de la dictadura, en un proceso caracterizado por la falta de transparencia que contribuyó a la concentración de poder económico actual.
La idea es dejar atrás la normativa que rige desde la dictadura de Augusto Pinochet, como la posibilidad de reconocer la nacionalidad chilena a niños que habiendo nacido en el país, se les negó porque sus padres se encontraban en irregularidad migratoria al momento de nacer.
Todos coinciden en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización del presupuesto de las FFAA, a la luz de lo ocurrido con la Ley Reservada del Cobre. “Nadie quiso mover a las FFAA por temor a ejercicios de enlace, boinazos u otro tipo de cosas”, señalaron.
Radio Universidad de Chile tuvo acceso al documento, que se mantuvo en reserva por más de 40 años, y en él se detallan los beneficios que gozan las Fuerzas Armadas a costa de los recursos de Codelco.
La actual administración está tan interesada en ocultar los secretos de la transición chilena como El Mercurio y la derecha. ¿Qué es lo que temen si se revelaran las actas del Cosena? Lo más probable es que vengan a confirmar lo que muchos sospechamos: que durante 20 años se bajaron los pantalones ante la más mínima presión.
Este martes falleció el ex Presidente de la República Patricio Aylwin Azócar, quien gobernara Chile entre 1990 y 1994, siendo el primer jefe de Estado elegido democráticamente después del término de la Dictadura Cívico-Militar de Augusto Pinochet.
Periodista de nuestra emisora, Catalina Gaete, solicitó vía Ley de Transparencia los documentos para conocer las presiones de los militares a las autoridades civiles durante la transición. Afirma que jefe de comunicaciones del Ministerio de Defensa le propuso recibir y destruir los documentos.
Rosario Guzmán publicó una carta abierta en la que además critica a la UDI y la fundación que lleva el nombre del ex senador, quien habría estado de acuerdo con hacer “cambios medulares” a la Constitución, sostiene.
La máxima autoridad de la comuna metropolitana calificó así la reciente revelación hecha por el Ministerio de Bienes Nacionales sobre la propiedad que detenta la fundación de Lucía Hiriart sobre la plaza principal de Paine, y por la que Cema pide 600 millones de pesos para devolverla.
La solicitud fue ingresada para que se indague el destino de las propiedades de la Fundación, luego de la venta de un terreno en Chillán el 2014. Lorena Pizarro, la Presidenta de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos, consideró que el Consejo de Defensa del Estado debe tener una actitud muy activa y severa respecto a estos ilícitos.
Parlamentarios de la Nueva Mayoría emplazaron al Ejecutivo a poner suma urgencia a los proyectos de ley que penalizan los homenajes y apologías a la Dictadura de Pinochet, esto en el marco de la conmemoración que partidarios del ex dictador realizaron en Bucalemu, con motivo del centenario de su nacimiento.
La decisión de la entidad parlamentaria fue criticada por el organismo humanitario que impulsó la iniciativa, Londres 38. Desde la institución sostienen que los archivos podrían permitir, por ejemplo, conocer el paradero de detenidos desaparecidos.
La familia Matte tiene una historia de beneficios gracias a la Dictadura que encabezó Augusto Pinochet. Mientras, Gabriel Ruiz-Tagle es recordado en el Ministerio del Deporte por los retrocesos ocurridos durante su gestión.
En los archivos entregados a Chile, se revela la participación directa del dictador en la muerte del ex canciller y su secretaria, ocurrido en Washington en 1976.
La estructura permanece desaparecida en una bodega de la institución y había sido inaugurada el 11 de septiembre recién pasado por autoridades de Gobierno y representantes de organismos de derechos humanos, de acuerdo a una denuncia hecha por el diputado (PS) Leonardo Soto.
La definición se conocerá cerca de las 10 de la mañana de Chile. Sin embargo, más allá de la resolución, abogados y expertos reflexionan sobre la forma en que el país se relaciona con sus vecinos, abriendo puertas a caminos distintos al planteado desde la Cancillería.
