La Agrupación de Familiares Asesinados en el Estallido (AFAE) se reunió en el centro de Santiago, frente al Palacio de La Moneda, lugar en que leyeron una declaración y además realizaron una manifestación pacífica para exigir justicia y reparación.
El académico del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos se refirió al asesinato del comunero Camilo Catrillanca. A dos años del hecho, el abogado sostuvo que el caso reveló la existencia de “dispositivos de impunidad” al interior de Carabineros, lo que se hizo mucho más visible luego del estallido social.
Fernando Monsalve, abogado representante de la familia del joven que fue empujado a la ribera del Río Mapocho, se refirió a la ampliación de la querella que presentó en este caso por encubrimiento y obstrucción a la justicia.
La muerte del comunero en Temucuicui reveló lo que muchos negaban hasta entonces: que Carabineros violentaba y mentía en territorio mapuche. Sin embargo, a pesar de la relevancia social que tuvo el crimen todavía no hay justicia ni tampoco existen responsabilidades políticas por su muerte.
Tras concretarse la modificación en el Alto Mando de la institución, el subsecretario Juan Francisco Galli señaló que su sello será la reforma. “El general director es que el que mayor compromiso debe tener con la reforma a Carabineros”, puntualizó.
Desde el frontis del Palacio de Tribunales, decenas de familias hicieron un llamado a las autoridades para que se dé curso a una ley que absuelva y deje en libertad a quienes hoy son sindicados por el Gobierno y el Ministerio Público como autores de desórdenes en el contexto del estallido social.
Al revés del manual del fusible, que en un contexto de crisis política sacrifica al cargo de menor rango para preservar al superior, el Gobierno ha preferido blindar a Rozas que a sus propios ministros del Interior, arrastrándose con ello a un estado de fragilidad que en vez de repuntar, empeora.
El Ejecutivo se ha enfocado en llamados desde el gabinete a rechazar el libelo; sin embargo, expertas y expertos advierten que dejar en manos de los parlamentarios el destino del ministro del Interior sin impulsar medidas concretas respecto de Carabineros, podría viabilizar la acusación.
En conversación con nuestro medio, el presidente de Evópoli en la novena región aseguró que la decisión no representa necesariamente la postura del partido. Asimismo, insistió en la necesidad de que el Gobierno designe a un “Ministro encargado” en la zona, tal como sucedió en el rescate de los mineros o en la reconstrucción post terremoto.
A través de una declaración pública, Felipe Kast, Andrés Molina y Sebastián Álvarez, solicitaron a La Moneda la designación de un “Ministro encargado” en la zona.
En conversación con Radio Universidad de Chile el diputado DC aseguró que “todos han manifestado su compromiso de votar a favor porque están convencidos de que hay suficiente base jurídica-política como para aprobar”.
La administración del alcalde RN Felipe Alessandri abrió una licitación por $40 millones para adquirir elementos disuasivos, pese a no contar con protocolos que regulen su uso por parte de los funcionarios municipales.
Este martes comenzó el juicio por la muerte del comunero Camilo Catrillanca, instancia en la que la familia busca se consiga cadena perpetua para el asesino del joven.
La Democracia Cristiana, a través del abogado Ignacio Suárez, apoyó al padre de Aníbal Villarroel para presentar una querella contra quienes resulten responsables del homicidio del joven de 26 años. La familia de la víctima acusó que no han tenido ningún contacto con el Gobierno y criticó que el Ejecutivo “dé más valor e importancia a pintar un monumento que a tomarse un minuto para dar el pésame a la madre de un joven asesinado”.
A juicio del presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el General Director de la policía uniformada no puede encabezar dicho proceso porque no cuenta con la confianza de la ciudadanía y además se encuentra querellado.
Tanto el Gobierno como Carabineros insistieron en que la muerte del joven de 26 años en la población La Victoria se dio producto de un “enfrentamiento” en el que los uniformados debieron “defenderse”. Nuestro medio recabó diversos testimonios de quienes presenciaron los hechos y estuvieron en el lugar, contrastando versiones que acusan a uniformados con otras que apuntan al narcotráfico.
Testigos afirman que la víctima habría fallecido de un paro cardiorrespiratorio provocado por el impacto de perdigones en su tórax por parte de efectivos de la policía uniformada.
