En su primera actividad tras el rechazo de la acusación constitucional en su contra, el titular de Vivienda llamó a los parlamentarios “a sumarse al esfuerzo del Plan de Emergencia Habitacional” y a los distintos proyectos que impulsa el Gobierno.
El parlamentario de Acción Humanista lamentó la presentación de esta acusación constitucional de parte de la oposición y la tachó de una improvisación. “Todos saben que acá hay una intención de otro tipo”, destacó.
Mientras avanza la revisión de la acusación constitucional contra el titular de Vivienda y Urbanismo en la Comisión de la Cámara de Diputados, distintos personeros políticos manifestaron su postura frente a la votación del libelo.
El jefe del Minvu ya hizo llegar su respuesta al libelo acusatorio, por tanto, la instancia cuenta con un plazo de seis días para pronunciarse. En una carrera contra el tiempo, la comisión sesionará hasta el miércoles 3 de enero.
El diputado Thomas Hirsch (AH) criticó la postura de la oposición, mientras que Daniel Manouchehri (PS) llamó a enfocarse en discutir las reformas actuales propuestas por el Gobierno y no desviarse en un “show político”.
En el libelo se acusa de “graves actos de corrupción” al interior del Minvu, debido a la serie de convenios irregulares entre entidades estatales y fundaciones que se empezaron a conocer el pasado 16 de junio con el caso Democracia Viva.
El jefe de bancada de republicanos, Agustín Romero, sostuvo que el proceso contra el titular de Vivienda se iniciará porque “el Gobierno no ha tomado ninguna decisión al respecto -del Caso Convenios- y la situación sigue siendo insostenible”.
Tras emitir su voto, el secretario de Estado reiteró que tuvo conocimiento sobre las irregularidades en el caso Democracia Viva cuando estalló públicamente a través de la prensa. “La exsubsecretaria nunca me mencionó nada sobre este tema”, señaló.
El titular de vivienda solicitó la dimisión de uno de sus hombres de confianza, Ricardo Trincado, quien fue cuestionado en el marco del “Caso convenios” por no advertir las irregularidades de la Fundación Democracia Viva.
El presidente de la CEI del “Caso convenios”, Jose Miguel Castro, fue más allá y declaró que “como no podemos cambiar al Presidente de la República, obviamente tiene que haber un cambio de gabinete serio”.
Tras una orden de la Fiscalía de Tarapacá, este jueves la Brigada Anticorrupción de PDI realizó un allanamiento de las oficinas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el marco de las investigaciones por el “Caso convenios”.
Esta tarde la comisión especial investigadora de este caso se reunirá para definir las conclusiones y recomendaciones luego de tres meses de trabajo. De acuerdo al presidente de la comitiva, hay informes muy “disímiles” que “no se pueden aunar”.
La ministra vocera de Gobierno destacó que la derecha ha presentado “obstáculos en reforma de pensiones, en pacto fiscal, en agenda de seguridad e incluso en el Caso Convenios, porque todo se centra en pedir la cabeza de ministros”.
Para el próximo 6 de noviembre se fijó la comparecencia ante la instancia parlamentaria para que el jefe de asesores de La Moneda entregue su versión de lo ocurrido. Además, pidieron un pronunciamiento de la Contraloría por sus ausencias previas.
La medida establece un crédito de un millón de pesos durante cinco años desde la promulgación de la normativa hasta el próximo mes de junio de 2024.
El titular de Vivienda destacó la determinación de la Corte Suprema que no dio lugar al requerimiento de la cuestionada fundación. También insistió en que seguirán persiguiendo la restitución de todos los recursos involucrados.
“Creo que es muy injusto que a partir de la actitud corrupta de un grupo se pretenda liquidar a toda una generación, que fue lo que empezó a ocurrir”, declaró el titular de Vivienda a La Tercera.
