Luego de que el Senado rechazara la iniciativa destinada al 40% de los funcionarios que cumplen funciones de riesgo, la titular de Interior instó a que el proyecto vaya a una comisión mixta, donde el beneficio para los uniformados pueda reponerse.
A pesar de las presiones del Partido Republicano, en la derecha se abren a un acuerdo con el Ejecutivo para sacar adelante la iniciativa. Sin embargo, la ministra del Interior cuestionó que algunos “prefieren quedarse en su trinchera”.
Los montos fueron entregados por la Subsecretaría de Interior, pero no se detalla el uso de los fondos. Según la ministra Carolina Tohá, sola la exautoridad -quien enfrenta una denuncia por violación- puede rendir cuenta de ellos.
Tras reunirse con los jefes de las policías, la titular del Interior señaló que es un mandato del Presidente Gabriel Boric que el nuevo ministro o ministra este sentado en el Salón de Honor para la última Cuenta Pública de este Gobierno.
“La ley integral y continuar la implementación de la Ley Antonia nos permiten seguir trabajando para que la institucionalidad esté a la altura de esa valentía”, aseveró la ministra de la Mujer sobre las herramientas para afrontar estos casos.
La lectura interna es que la derecha sufrió un revés político al apostar por un plebiscito a la gestión del Gobierno. No conseguir los triunfos que vaticinaban en la RM y Valparaíso, podría impactar la carrera a La Moneda de la edil de Providencia.
El mea culpa de la titular de Interior sobre la tardanza del Gobierno en pedirle la renuncia al exsubsecretario, fue valorado por el oficialismo y generó nuevas presiones desde la oposición. “Reconocer errores no basta”, aseveró el diputado Mellado.
Ante la CEI por el caso, la ministra Tohá aclaró que la salida del exfuncionario se evaluó junto al Presidente Boric desde la primera llamada. Sin embargo, hizo un mea culpa sobre la reacción tardía a la hora de pedirle la renuncia a la exautoridad.
El Ministerio del Interior refutó tajantemente el informe del Instituto Libertad, el que señala un aumento en los asesinatos de la zona centro del país, al igual que en la Región Metropolitana.
La instancia debe delinear el listado de personas a citar para comparecer respecto del accionar del Gobierno tras la denuncia por violación contra el exsubsecretario. Carolina Tohá y Miguel Crispi serían los primeros en declarar.
La norma establece un protocolo de acción en el que “desde el Servicio Médico Legal el féretro se va a ir directo al cementerio”. Además, sanciona con “la pena más alta” los delitos frecuentes que ocurren durante los funerales de alto riesgo.
El Mandatario relató cómo fue la primera conversación que tuvo con el exsubsecretario sobre la denuncia por violación en su contra. Además, afirmó que cuando el caso se hizo público, la decisión de que saliera del Gobierno ya estaba tomada.
Mientras que, el abogado defensor, Lino Disi, acusó que la Fiscalía “cedió a la presión mediática”; en la oposición coinciden en que el hecho vuelve a traer cuestionamientos sobre la titular del Interior.
Tanto el Ejecutivo como la oposición mostraron su satisfacción por el informe que deberá votarse en ambas salas del Congreso. De despacharse a ley, el ministro de la nueva cartera podría ser nombrado a fines del 2025.
La querella interpuesta por el diputado Celis (RN) pide citar como testigos al Presidente Gabriel Boric, a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y al subsecretario del Interior, Luis Cordero, para esclarecer los hechos.
La norma, aprobada por amplia mayoría, incorpora nuevas restricciones para los funerales de alto riesgo. Al respecto, el diputado Marcos Ilabaca (PS) valoró la aprobación de la iniciativa, pero aseguro que “no es la solución total”.
El histórico dirigente de Renovación Nacional defendió la gestión de la ministra del Interior. Para el expresidente de RN, la secretaria de Estado “le pone un poquito -no de freno-, pero de embrague, a la improvisación de este Gobierno“.
