La parlamentaria cuestionó el silencio que ha guardado la derecha tras el desafuero del diputado Mauricio Ojeda. Además, destacó la postura que tuvo Revolución Democrática cuando se destapó la investigación que involucraba a sus militantes.
Ante la decisión del máximo tribunal, el parlamentario podrá ser formalizado en el marco de las investigaciones de la arista “Manicure” del caso Convenios. Ojeda queda suspendido de sus labores en la Cámara, pero la medida no afectará su salario.
Tras la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco, Ojeda se transformó en el primer parlamentario desaforado en el marco del caso Convenios. De acuerdo a Fiscalía, el parlamentario está estrechamente vinculado al fraude del GORE de La Araucanía.
Artículos electrónicos y todo tipo de soporte de memoria, físicos o en la nube, fueron incautados de las oficinas principales de la gobernación regional encabezada por Rodrigo Mundaca Cabrera.
La acción judicial se enmarca en la investigación por la transferencia de más de 700 millones de pesos desde el Gobierno Regional de La Araucanía a la fundación Folab. Además, la Fiscalía solicitó el desafuero del parlamentario el 9 de mayo.
El diputado Rubén Oyarzo (IND), presidente de la Comisión Especial Investigadora denominada Caso Convenios 2.0, indicó que se aumentó el tiempo que tendrá esta instancia dado que “prácticamente todos los Gobiernos Regionales están involucrados”.
En ese momento, Crispi argumentó criterios jurídicos y de corte administrativo de su función para no ir, pero finalmente compareció ante la comisión a inicios de noviembre del año pasado.
En su fallo, los magistrados del 17° Juzgado Civil de Santiago argumentaron que la fundación incumplió sus propios estatutos y que su objeto social es ambiguo y carente de definiciones concretas.
De acogerse la solicitud el exintegrante de la banda republicana no podrá ingresar a la Sala de la Cámara ni participar de comisiones. La fiscalía investiga desvío de $730 millones a dos fundaciones de La Araucanía.
En el marco de la investigación de la arista Democracia Viva del caso Convenios, la diputada declaró este viernes ante la Fiscalía. Tras la cita, el abogado Gonzalo Medina dijo que su defendida “nunca tuvo relación” con dicha fundación.
Será la primera vez que el titular de Vivienda declare en calidad de testigo ante el Ministerio Público. Los interrogatorios se realizarían entre el jueves y viernes.
El exministro acusa a los parlamentarios de injurias respecto de su vinculación en el Caso Convenios, así como en el robo de computadores en el Ministerio de Desarrollo Social.
Desde el Aeropuerto de Santiago el ex representante legal de Democracia Viva se refirió brevemente a su situación judicial. “Se ha demostrado que no he robado nada”, declaró.
Para la defensa del ex representante legal de Democracia Viva, es clave que la declaración del exseremi habría mostrado “la ausencia de coordinación (con Andrade y otros) y, en consecuencia, de dolo para llevar a cabo el supuesto delito”.
La jefa de la Dipres es acusada de aprobar la ejecución presupuestaria que involucró un traspaso de $629 millones a la Fundación Pro Cultura. La oposición también señala que flexibilizó los requisitos para que las fundaciones se adjudicaran fondos.
El abogado del exministro descartó una nueva citación a declarar y anticipó querella por calumnias contra diputados republicanos. En tanto, el Ministerio Público precisó que la investigación aún no ha terminado.
La Fiscalía lleva adelante una serie de diligencias que involucran a dos actuales y una exautoridad de Gobierno. Este viernes será el turno de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, acusada de aprobar los fondos de fundación Pro Cultura.
