La académica de la Universidad de Chile aseguró que existe un ánimo de cancelar el debate sobre el derecho a la comunicación. Además, planteó que se necesita educar a la población en materia de tecnologías de la información.
La académica y miembro de la instancia asesora explicó que en el documento se entregaron una serie de recomendaciones con propuestas para plataformas digitales, a publicidad en procesos electorales, así como en fortalecimiento de los medios.
Las ministras Camila Vallejo y Aisén Etcheverry recibieron el segundo informe que incluye propuestas en diferentes ámbitos, en la última etapa del trabajo de la Comisión Asesora Ministerial que se inició en junio de 2023.
El abogado y miembro de la instancia explicó los aspectos más relevantes que se entregaron en el primer documento emitido por la comisión y titulado “El fenómeno de la desinformación: Revisión de experiencias internacionales y en Chile”.
En un fallo dividido la instancia decidió desestimar la solicitud hecha por esa rama del Parlamento que buscaba invalidar el trabajo de la instancia convocada por el Gobierno, por considerar que debía ser creado por una ley.
El académico y doctor en Derecho dijo llamarle la atención los cuestionamientos de la oposición a la labor de la instancia presidencial y defendió que esta, a su juicio, no presenta un peligro para la sociedad.
El organismo informó que el Ejecutivo tiene un plazo de diez días para un pronunciamiento y posteriormente, “el Tribunal resolverá sobre el fondo del requerimiento, escuchando los alegatos de las partes en audiencia pública”.
En sesión especial, las y los diputados discutieron los alcances de la Comisión contra la Desinformación y pidieron al Presidente de la República adoptar medidas con urgencia tendientes a la promoción del ejercicio del derecho a la información.
Jefas de bancada de los senadores de la DC, PS, PPD y PC, ingresaron un “téngase presente” ante el TC por proyecto de acuerdo y petición de senadores de derecha sobre Comité Asesor Gubernamental para evitar la Desinformación.
En la comisión de Constitución del Senado, parlamentarios plantearon que la instancia estaría amenazando las libertades de expresión y de prensa. Además, cuestionaron que un tema tan complejo se esté abordando de manera tan controversial.
El académico e investigador de inteligencia artificial y calidad de la información aseguró que quienes componen la comitiva defenderán el “respeto irrestricto de la libertad de expresión”. Y destacó que los documentos a elaborar serán públicos.
La instancia tendrá plazo de un año para su trabajo e incluirá a representantes de universidades, organizaciones no gubernamentales y un organismo de fact-checking.
La solicitud la realizaron luego que la Sociedad Interamericana de la Prensa expresara su preocupación por una eventual “tentación de caer en modelos de censura” a raíz del trabajo de la futura instancia anunciada por el Ejecutivo.
