Para los sindicatos pesqueros, la Ley de Franccionamiento se hace cargo de una problemática consagrada en la actual Ley de Pesca. “Esta iniciativa no es víctima de la corrupción”, afirmó el líder de la Condepp, Hernán Cortés.
Para el presidente del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero, Hernán Cortés, el devenir de esta ley en la comisión de Pesca es la gran oportunidad de los parlamentarios “de desembarcarse del dinero de la industria”.
El presidente de Codepp, Hernán Cortés, señaló que en la tramitación de la nueva Ley de Pesca, “hay un intento de la industria de proteger sus intereses”. Por su parte, la diputada Carolina Tello enfatizó en la importancia de esclarecer lo ocurrido.
La solicitud llega un día después de que fracasara la primera sesión de la Comisión de Pesca del Senado por falta de quorum. “Lo que cabe ahora es que el presidente Boric tome el sartén por el mango”, expresaron desde la agrupación.
La paralización fue anunciada el pasado 5 de junio luego que el Tribunal Constitucional declara admisible el requerimiento que hace posible su derogación
La Cámara Baja impugnó por amplia votación la idea del Ejecutivo de aplazar la entrada en vigencia de la “Ley de la Jibia”, normativa que regula la pesca de este producto marino, acogiendo así la solicitud de pescadores de localidades costeras. Rechazada la moción, la normativa entrará en vigencia este sábado 17 de agosto.
Además de la presidenta del gremialismo, la fiscalía requirió al diputado RN Frank Sauerbaum por su presunta responsabilidad en delitos de cohecho y fraude al Fisco, por eventuales aportes económicos recibidos desde la Asociación de Industriales Pesqueros del Biobío (Asipes)
La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado aprobó la denominada “ley corta”, que principalmente termina con las licencias a perpetuidad otorgadas a las empresas del sector. Tanto parlamentarios como pescadores artesanales denuncian la campaña del terror que están ejerciendo las empresas para detener cualquier modificación de la llamada “Ley Longueira”.
Dirigentes de la pesca artesanal acusan que el empresariado está detrás de la negativa del gobierno de anular la Ley de Pesca y advierten que radicalizarán las movilizaciones si la Presidenta no accede a sus peticiones. Por su parte los empresarios pesqueros manifestaron su descontento con algunas de las medidas que estudia el ejecutivo para resolver este problema.
Los pescadores artesanales desarrollaron manifestaciones en distintas ciudades del país exigiendo la anulación de la Ley de Pesca. Los dirigentes sociales solicitaron que el trámite se inicie cuánto antes en el Congreso porque es una ley que beneficia a los industriales y se originó a partir del cohecho y la corrupción.
El Tribunal de Alzada rechazó acoger a trámite el libelo presentado por el fiscal regional de O’Higgins en contra del jefe del Ministerio Público. No obstante, la defensa de Arias resolvió apelar a la medida por lo que presentarán un recurso de reposición ante la Corte Suprema.
Con esta decisión, la fiscal que investiga el caso Corpesca, Ximena Chong, podrá solicitar la formalización del senador de la UDI. “Esto marca un antes y un después, ya que la mayortía de las personas cree que los senadores son intocables”, señalaron organizaciones de pescadores artesanales.
Luego que el ministro (s) de Economía, y subsecretario de pesca, Raúl Súnico, insistiera que el proyecto que busca anular la Ley de Pesca es “inconstitucional”, desde las organizaciones de pescadores artesanales, además de criticar la postura adoptada por el Gobierno, anunciaron que en los próximos días se reunirán para programar una serie de movilizaciones en marzo.
Para este miércoles, desde distintos sectores anuncian movilizaciones en favor de la nulidad de la cuestionada ley. Desde temprano, el Movimiento de Pobladores Umakau interrumpió, en Santiago, el tránsito en la Alameda. También en las afueras del Congreso, en Valparaíso, expresarán su rechazo pescadores de distintas zonas del país.
Los cuestionamientos apuntan a su deslegitimidad, producto de la manera irregular en la que se habría legislado. Además, a los perjuicios que ha generado, desde su promulgación en 2013, tanto al Estado como a los pescadores artesanales. Incluso, sectores que exigen su derogación. Es la llamada “Ley Longueira” y su relación con el caso Corpesca.
Pescadores artesanales exigen a la Presidenta Michelle Bachelet que se legisle sobre la pesca de la jibia para que sea en su totalidad realizada por este sector. Además, le piden a la mandataria incluir la revisión de la Ley de Pesca entre sus próximas tareas anunciadas el 21 de mayo.
Oceana valora medida, pero pide un plan de recuperación para la merluza común, mientras desde Condepp plantean que es una forma de “embolinar la perdiz”.
