El tribunal de segunda instancia resolvió que la cautelar era la única medida “que resulta proporcional al fin del procedimiento”. Desde el CDE señalaron que “la resolución fue contundente”, mientras la defensa insistió en la falta de fundamentos.
“Se defraudó para dar liquidez y evitar que se descubriera este fraude”, afirmó la fiscal Giovanna Herrera en su replica. El abogado del edil, Ramón Sepúlveda, emplazó al Ministerio Público y dijo que “la persecución penal tiene que ser objetiva”.
“Hay un sesgo investigativo por parte de la Fiscalía”, afirmó el defensor del edil, Ramón Sepúlveda, mientras que el abogado del CDE, Daniel Martorell, señaló que “la corrupción no tiene colores políticos”.
El subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, aseguró que el Ministerio de Salud ofició al Consejo de Defensa del Estado para definir si procede una investigación. Igualmente, descartó irregularidades en el Hospital Provincia Cordillera.
En el marco de la cuenta pública del CDE, el presidente de la institución, Raúl Letelier, expuso que la entidad ha otorgado “una prioridad estratégica” al refuerzo de la capacidad de acción para la persecución de crímenes de este tipo.
El anuncio lo hizo la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, quien precisó que se realizó una exhaustiva revisión al contrato y su ejecución.
La orden de no innovar solicitada por el abogado Mario Vargas pretendía impedir que la CDE accediera a sus conversaciones con Hermosilla por considerarlas de carácter privado. Sin embargo, la última pronunciación la tendrá el Tribunal de Alzada.
Se trata del abogado Mario Vargas, quien ayer ingresó un recurso en el tribunal de alzada santiaguino contra las intenciones anunciadas por el presidente del CDE, Raúl Letelier, de solicitar a la fiscalía conocimiento de los mensajes.
El titular de Justicia indicó que “la mejor defensa siempre son los hechos y el derecho, y no descalificar instituciones”.
El jefe comunal aseguró que en el ente persecutor hay “prejuicio y politización excesiva”. Además, acusó al CDE de montar una operación en su contra liderada por el presidente del organismo, Raúl Letelier, a quien vinculó con el Frente Amplio.
El presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, se refirió a la investigación por presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y lavado de activos en el caso de las farmacias populares.
Según el Consejo de Defensa del Estado, Juan Ramón Godoy tuvo “una administración desleal de los fondos públicos, ocasionando con ello un perjuicio económico al erario fiscal”.
