Así lo resolvió la Corte de Apelaciones de Santiago, en cuyo fallo unánime se rechaza el reclamo de ilegalidad interpuesto por el comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, en contra de la decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia.
En conversación con el programa Semáforo, el director de Chile Transparente comentó los datos que reflejan cómo los partidos políticos no se han adecuado a los estándares internacionales en la materia. “Hemos tenido resultados bastante deficientes en estos dos años”, asegura.
La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, anunció en la cadena nacional que se establecerá un registro público obligatorio de lobistas. La Mandataria defendió esta medida asegurando que así se conocerá “quienes representan intereses del mundo privado ante los que toman decisiones en el mundo público”. La preocupación del gobierno y las propuestas de la comisión Engel se dan en medio de la entrada en vigencia de la segunda etapa de la Ley del Lobby.
Luego de cinco años de funcionamiento, por primera vez el Consejo para la Transparencia dio a conocer un balance de su gestión. El desconocimiento de la Ley de transparencia y la desconfianza en la información proporcionada por las instituciones son los principales riesgos que el órgano debe atender.
Preocupación existe por parte de técnicos y organizaciones sociales por la licitación del sitio electrónico del Consejo para la Transparencia, en el marco de la habilitación de la Ley de Lobby, que se adjudicará por un monto cercano a los 400 millones de pesos y que busca hacer disponible a todos los chilenos, las agendas de los cerca de cinco mil servidores públicos. En conversación con Radio Universidad de Chile, el Consejo respondió a las consultas. Sin embargo, aún persisten las dudas.
El presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Sergio Urrejola, no seguirá en su cargo y este lunes hizo la última cuenta pública de su gestión para el 2013. La ocasión estuvo marcada por los logros técnicos de la repartición, pero también por los cuestionamientos hacia la Fiscalía y el Consejo para la Transparencia por cuanto complicarían la labor de la defensa del fisco y sus organismos.
Partidos de la Nueva Mayoría solicitaron que el Gobierno explique la contratación de candidatos derrotados e irregularidades al interior de las reparticiones, las que según los dirigentes, buscan boicotear el próximo Gobierno de Michelle Bachelet. Desde el oficialismo plantearon que esto es “subir el volumen para tapar el silencio”, respecto de los cuestionamientos a los subsecretarios designados.
Los resultados del V Estudio Nacional de Transparencia revelan que un alto porcentaje de los chilenos desconfía de los organismos públicos y cree que las instituciones y sus funcionarios son poco transparentes.
En lo sustantivo, el Gobierno tiene plazo de una semana para decidir si apela contra esta resolución ante la Corte Suprema, o de lo contrario debe ceñirse al fallo y entregar el detalle de los honorarios que está pagando a los abogados que litigan en representación de Chile ante La Haya.
Una fiscalización del Consejo para la Transparencia destacó que los municipios son los organismos estatales con menores índices de transparencia activa, conjunto de informaciones que deben permanecer en los sitios web de los organismos públicos, según lo mandatado por la ley.
La Comisión Bicameral pro Transparencia avanza en la elaboración de una propuesta para mejorar el funcionamiento del Congreso en esta materia. Entre las propuestas ya avanzadas destaca la prohibición de contratar parientes y la regulación en el uso de asignaciones parlamentarias e inhabilidades.
Acceso a correos electrónicos de autoridades públicas podría convertirse en nuevo derecho ciudadano, aunque con importantes limitaciones. Lo anterior, a causa de un acuerdo preliminar entre el Gobierno del Presidente Piñera, que a la fecha se ha negado totalmente a entregarlos, y el Consejo para la Transparencia, que defiende el derecho ciudadano de acceder a esta información.
En conversación con el programa Semáforo, el presidente del Consejo para la Transparencia, indicó que la desconfianza que existe frente a las instituciones públicas se explica porque sólo una minoría conoce y aplica los mecanismos disponibles en la legislación vigente para acceder a la información de los organismos estatales.
Así lo reveló la cuarta versión del estudio nacional del Consejo para la Transparencia, que detectó además que cerca del 61 por ciento de la población cree que existe corrupción en el aparato estatal y constató un gran desconocimiento de los derechos y organismos que velan por el acceso a la información pública.
