La Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos de Chile (Aneiich), confirmó la reapertura del sumario en torno al Caso Johnson’s en Contraloría. Carlos Insunza, presidente del gremio señaló que el informe final del caso se dará a conocer en septiembre y que en el documento se formalizarán cargos y se aplicarán las sanciones debidas. […]
El proyecto con el que se busca modificar el plan regulador de la Región Metropolitana sufrió un nuevo rechazo por parte de Contraloría, iniciativa en la que se trabaja desde hace más de nueve años. Si bien el órgano contralor reclama por aspectos de forma, y podría presentar nuevos reparos de fondo, existen profundas discrepancias internas al proyecto.
Alza en nivel de cumplimiento de la Ley: si en 2012 el promedio era de 30,26%, en 2013 subió a 47,43%. Incremento fue especialmente sustantivo en los 36 municipios acogidos a modelo de apoyo Consejo-Subdere: sus resultados subieron de 37% a 68%. Mejores resultados no se corresponden necesariamente con tamaño o recursos de la comuna, según muestra el emblemático caso de Calle Larga: pasó de 6% a 95% en un año.
El presidente de la Asociación de Funcionarios de Impuestos Internos, Juan Apablaza, señaló que sólo luego de un año de presentadas las denuncias, Contraloría pudo detectar el conflicto de interés que culminó en la salida del ex director nacional, Julio Pereira, por condonar una millonaria deuda de Cencosud. El dirigente cita que ya en el dictamen por el caso La Polar, la justicia había advertido de conflicto de interés.
Mireya López, ministra en visita por el Caso Exonerados, ordenó el rastreo de los más de 3 mil casos bajo sospecha de antecedentes fraudulentos. En materia política, un recurso de protección busca evitar el congelamiento de los pagos que propone el Ejecutivo, una medida que no ha sido bien evaluada desde la oposición, y rechazada por los propios afectados.
La ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, junto al subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, señalaron que la información derivada a Contraloría buscará sumar antecedentes en tres aristas: ampliar la denuncia, detener el pago a falsos exonerados y sumar nuevos casos.
El máximo tribunal designó a la ministra Mireya López como ministra en visita en el llamado caso exonerados. Parlamentarios oficialistas había hecho esta solicitud a la Corte para otorgarle celeridad a la causa que reside en el 14° Juzgado del crimen de Santiago.
Desde la Corte Suprema se está analizando designar un ministro en visita para investigar el caso exonerados. Por su parte en el Parlamento, diputados RN presentaron un proyecto de ley que busca eliminar el pago de compensaciones a los falsos exonerados políticos. Desde la oposición la voz ha sido clara: dejar que la justicia determine la pertinencia de la demanda.
El equipo estará encabezado por los abogados Luis Hermosilla y Juan Domingo Acosta y buscará responsabilidades administrativas y judiciales. El vicepresidente Andrés Chadwick respaldó además las declaraciones de la Ministra del Trabajo Evelyn Matthei, quien solicitó la renuncia de tres parlamentarios del Partido Socialista involucrados en el caso.
Un informe de Contraloría reveló tres mil casos de falsos exonerados políticos, que han estado recibiendo las pensiones dictaminadas por la ley. Parlamentarios llaman a continuar con las investigaciones, en la búsqueda de sanciones administrativas e incluso penales. Algunos de esos expedientes fueron firmados y autorizados por importantes figuras del Partido Socialista.
La Contraloría General de la República informó que, hasta el 14 de abril de este año, sólo 16 comunas de la Región Metropolitana habían hecho entrega de su información presupuestaria. Bajo el programa “semáforo municipal”, el órgano fiscalizador determinó que los gobiernos locales en verde, es decir, que han entregado la documentación contable, representan el […]
La petición se funda en 11 tomos de antecedentes que se recopilaron en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que indagó la millonaria condonación tributaria a esta multitienda. La idea es que estos datos puedan comprobar las faltas a la probidad cometidas por los directivos de Impuestos Internos.
