A través de un oficio dirigido al biministro Louis de Grange, el ente controlador objetó la flexibilización de requisitos técnicos para los vehículos de aplicaciones de transporte que impulsaba el Gobierno.
Parlamentarios presentaron requerimientos ante la CGR tras la resolución del SII que permite a las plataformas de apuestas en línea pagar impuestos. Acusan que esta medida abre una vía de reconocimiento administrativo para una actividad ilegal.
Los diputados Juan Santana y Luis Cuello solicitaron una revisión de la declaración de patrimonio e interés del titular de Hacienda y lo llamaron a transparentar la información. Mientras, el Ejecutivo descartó que exista tal conflicto.
El organismo estableció que los municipios podrán adquirir elementos de seguridad para autoridades y funcionarios con riesgo acreditado, siempre que existan informes técnicos, denuncia previa y disponibilidad presupuestaria.
El organismo determinó que la Secretaría General de Gobierno no pudo “sustentar técnicamente los términos empleados”. Por ello, la CGR ordenó a la ministra Mara Sedini “adoptar medidas para evitar nuevas comunicaciones imprecisas”.
El informe detectó que estudiantes sancionados fueron reingresados a los mismos establecimientos o derivados a otros con alta conflictividad, por lo que se ordenó corregir el proceso y reportar avances antes del 31 de mayo.
El Mandatario aseguró que no repetirá este tipo de actividades en dependencias públicas, mientras la Contraloría revisa antecedentes del encuentro, cuestionado por el uso de instalaciones y eventual participación de funcionarios.
Desde Presidencia aclararon que los desembolsos corresponden a labores propias del traspaso de administración y que en el proceso participaron 11 funcionarios, ocho menos que en 2022.
Los legisladores Briones, Ossandón, Ramírez y Contreras, recalcaron su compromiso con el resguardo de los recursos públicos, por lo que oficiaron al órgano contralor.
El organismo señaló que la TGR es la entidad encargada de cobrar todo crédito “de los cuales ha operado la garantía estatal (…) sin perjuicio de que para ese fin pueda celebrar convenios de administración con entidades financieras respectivas”.
El organismo contralor asegura que los gastos del viaje a Washington fueron cubiertos íntegramente por la OPS, que las salidas al extranjero responden a compromisos internacionales y que las licencias médicas internas cayeron un 16,2% durante 2025.
La multisindical pidió información estadística sobre la cantidad de funcionarios de planta, a contrata y a honorarios en distintas reparticiones públicas, así como el número de desvinculaciones registradas en el periodo mencionado.
Según el ente fiscalizador, el gasto total en celebraciones municipales alcanzó más de $31 mil millones en 2024 y superó los $12 mil millones en 2025. Un 39% de estos recursos se destinó a producción de eventos y servicios asociados.
La Contralora Dorothy Pérez dictaminó que la fundación deberá cubrir con recursos propios los bonos y aguinaldos que excedan el marco legal, agravando la crisis financiera de la institución que arrastra un déficit de $1.500 millones.
Los parlamentarios acusaron uso indebido de canales institucionales y desinformación desde el Ejecutivo, solicitando a Contraloría investigar responsabilidades administrativas y políticas por mensajes que han tensionado el debate público.
El abogado Álvaro Morales Marileo reconoció que su perfil político no era compatible con la nueva administración. Para ocupar su cargo suenan dos nombres: los abogados Richard Caifal e Ignacio Malig, ambos con vínculos a la administración de Piñera.
“Tras su reingreso, este 18 de marzo, tomamos razón del decreto (…) que aprueba el Plan para la recuperación, conservación y gestión de las Ranitas de Darwin”, comunicó la Contraloría General de la República.
