A través de un dictamen inédito, la Contraloría General de la República varió el principio que operaba por largo tiempo en la administración pública por el que la protección a la maternidad sólo era un beneficio para las funcionarias de planta y contrata.
El contralor Jorge Bermúdez descartó la existencia de un sesgo político en auditorias de déficit municipal y defendió la autonomía del organismo, asegurando que “si alguien pudiese reclamar no sería el oficialismo, sino que la oposición”. Asimismo, lamentó que se haya relacionado la desvinculación de funcionarios con una represalia ya que, a su juicio, esto no contribuye a la crisis de confianza en las instituciones.
A través de un comunicado, el organismo indicó que las desvinculaciones tienen que ver con una “mala evaluación” en el desempeño de los profesionales.
Luego de que fueran desvinculados tres profesionales de la institución, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, indicó: “No podemos tener un contralor, que por miedo a que se filtre algo, esté dispuesto a crucificar”.
El dictamen concluyó que se trata de una “práctica asentada en nuestro país”. Sobre los gastos de los hijos del Presidente, el ente regulador confirmó que ” fueron solventados de manera íntegra por los gobiernos anfitriones”.
La causa está a cargo de la fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Tania Sánchez, quien ya se encontraba investigando otra denuncia de la subcontralora Dorothy Pérez en contra del contralor Jorge Bermúdez.
Con el fin de modernizar a la Contraloría General de la República, el Gobierno planea ingresar en las próximas semanas al Congreso, un proyecto de ley que lo convertiría en un órgano colegiado. Al respecto, el abogado constitucional, Fernando Atria, indicó que sería un error dicho cambio y planteó la propuesta de mejorar, por otro lado, las capacidades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados.
Desde la ONG ambientalista señalan que los proyectos no cumplen con las exigencias de la ley 19300 ni con los pronunciamientos de la Contraloría, y emplaza a la autoridad ambiental a cumplir con la legislación vigente.
Según determinó Contraloría, el Ministerio también deberá informar semanalmente sobre el desarrollo de la investigación judicial. Con esta acción, la indagatoria entrará en una de sus etapas finales.
Luego de que un grupo de parlamentarios de oposición y concejales de Maipú solicitaran al órgano controlar que revisara la compra de peluches con fondos públicos que hizo la alcaldesa Cathy Barriga, la institución fiscalizadora aceptó la petición y anunció que iniciará una auditoría para investigar la situación.
La instancia ciudadana pidió a la Contraloría General de República que oficie al superintendente de Pensione, para que entregue a la fiscalía la información de los involucrados en las prácticas irregulares.
Los antecedentes están siendo recopilados desde noviembre y con la investigación se busca aclarar si el mal uso de viajes y viáticos se extendió más allá del Ejército.
La iniciativa contempla el control y la reducción de emisiones a las empresas de la zona, con una fiscalización permanente de la Superintendencia del Medio Ambiente, el rediseño de la red de monitoreo y gestión de episodios críticos durante todo el año, entre otras medidas.
El abogado se refirió, en entrevista con revista El sábado, al caso ligado a la subcontralora Dorothy Pérez. También, cuestionó cómo se condujo la investigación sobre el fraude en Carabineros.
Durante la mañana de este lunes se desarrollaron los alegatos en el caso de la restitución de la ex subcontralora Dorothy Pérez, quien, según ordenó la Corte de Apelaciones, debe volver a sus labores. Sin embargo, tras la apelación del contralor Jorge Bermúdez, la Corte Suprema escuchó los argumentos de cada parte para decidir quién tiene la razón.
Según el documento presentado ante el tribunal, la reincorporación de la ex funcionaria es “absurda y contraria a derecho de las normas legales”.
Luego de la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que determinó que la abogada Dorothy Pérez debe ser reintegrada a su puesto como subcontralora, Jorge Bermúdez anunció que apelará ante la Corte Suprema para que se deje sin efecto el fallo del tribunal de alzada.
