El parlamentario apuntó sus críticas hacia los médicos involucrados en la controversia y señaló que en torno a la emisión de estos certificados de reposo se han conformado “asociaciones ilícitas”. “Es la punta del iceberg, pero es escandaloso”, dijo.
Miles de personas coparon la vereda sur de la Alameda tras el llamado de la Central Unitaria de Trabajadores a manifestarse por mejores condiciones laborales y económicas.
La autoridad explicó que el proceso para adquirir un bien raíz, en general, o específicamente el que se indaga, implica dos actos administrativos.
El director del organismo, Sebastián Urra, presentó la acción en el Séptimo Juzgado de Garantía, argumentando que se trataba de un documento de carácter reservado, cuya información “podría afectar gravemente la seguridad pública”.
Mientras el Coordinador Eléctrico Nacional detalló las causas del corte de luz masivo de febrero, el Servicio Nacional del Consumidor fue cuestionado por la creación de un proveedor falso para eximir a las compañías eléctricas de responsabilidad.
En el documento, el órgano contralor reafirma que todo el personal que trabaje para el Gobierno, para una empresa estatal, municipio o que reciba sueldo de las arcas fiscales tiene la obligación de asistir a estas instancias.
De acuerdo al fallo de la Corte de Apelaciones, la Contraloría actuó conforme a la normativa vigente al emitir dicho dictamen, por lo que no se encontraron vulneraciones asociadas.
El ministro Grau calificó la polémica como “artificial” y aseguró que el proceso se realizó de manera regular y transparente. Micco llamó a sincerar la situación de “estrés fiscal” y criticó los traspasos “desmesurados” del gobierno de Piñera.
Tras el informe de la Contraloría que señaló graves deficiencias en la iniciativa, la parlamentaria cuestionó la gestión del Gobierno en el plan piloto y exigió claridad sobre la deuda pendiente con la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).
El presidente del Sindicato de Trabajadores a Honorarios, Benjamín Sotomayor, acusó a la Municipalidad de Santiago de realizar desvinculaciones sin tener criterios claros. Además, llamó a la contralora Dorothy Pérez a interceder en el caso.
Tras la solicitud de un pronunciamiento de parte del SEA, la Contraloría señaló que “cuando los ministros titulares deban abstenerse de intervenir en una determinada materia, corresponde que el subsecretario respectivo lo reemplace en sus funciones”.
El ministro Grau insistió que el Ejecutivo está cumpliendo el fallo del Tribunal Ambiental, pero sigue sin existir claridad sobre la composición del nuevo comité que votaría el proyecto. Desde la UDI acusaron que están “dilatando” la decisión.
Dorothy Pérez asistió a la comisión investigadora sobre la materia, instancia en que se refirió a los convenios en los que se detectaron problemas, tales como falta de ejecución de las acciones comprometidas o retraso en la rendición de cuentas.
Según publica este lunes el medio Interferencia, la desaparición consta en el informe de auditoría 593, preparado por el Departamento y Control de Drogas y Estupefacientes de la CGR.
En el marco de un recurso de protección presentado por la Fundación Fuerza Ciudadana, el tribunal resolvió que mientras revisan el fondo de la solicitud, la entidad a cargo de Dorothy Pérez deberá seguir revisando las reclamaciones que se presenten.
El mundo sindical se manifestó a nivel nacional para que la nueva contralora, Dorothy Pérez, no se abstenga de ejercer su deber constitucional de fiscalización del Estado. Por su lado, el Gobierno recalcó el rol autónomo del organismo.
Tras asumir el liderazgo de la Contraloría, Dorothy Pérez dictaminó que el organismo se abstendrá de pronunciarse ante reclamos de funcionarios públicos por posibles vulneraciones a la confianza legítima. Así, quedará en manos de la justicia dirimir.
