El parlamentario cuestionó que el convenio entre la Superintendencia de Seguridad Social y la PDI nunca se pusiera en práctica para detectar los permisos fraudulentos. Además, emplazó al Colegio Médico dar explicaciones sobre la materia.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que el sumario administrativo consiste en un cuestionario simple de tres preguntas relativas a la causal de la licencia, los viajes o el viaje que se realizó y el motivo de dicha salida al extranjero.
La secretaria de Estado se refirió a la discusión sobre el proyecto de ley que busca despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo y que será presentado por el Ejecutivo esta semana. Además, abordó las últimas revelaciones del caso Monsalve.
El Ejecutivo estableció un plazo para que los servicios informen del avance de los sumarios. En tanto, la contralora general, Dorothy Pérez, alertó de la necesidad de mayor control al interior de las instituciones del sector público.
El exministro aclaró que su viaje de octubre 2023 -mientras era funcionario de la Municipalidad de Santiago- tuvo “permisos legales”, y que al regresar, por enfermedad, obtuvo licencia médica para cubrir los días de ausencia.
Evelyn Matthei indicó que, además de las “tijeras de podar”, sumará una “lupa” para buscar a todos los funcionarios cuestionados y prohibirles ejercer en el sector público. Asimismo, el fiscal Valencia decidió abrir de oficio una investigación penal.
El parlamentario apuntó sus críticas hacia los médicos involucrados en la controversia y señaló que en torno a la emisión de estos certificados de reposo se han conformado “asociaciones ilícitas”. “Es la punta del iceberg, pero es escandaloso”, dijo.
Miles de personas coparon la vereda sur de la Alameda tras el llamado de la Central Unitaria de Trabajadores a manifestarse por mejores condiciones laborales y económicas.
La autoridad explicó que el proceso para adquirir un bien raíz, en general, o específicamente el que se indaga, implica dos actos administrativos.
El director del organismo, Sebastián Urra, presentó la acción en el Séptimo Juzgado de Garantía, argumentando que se trataba de un documento de carácter reservado, cuya información “podría afectar gravemente la seguridad pública”.
Mientras el Coordinador Eléctrico Nacional detalló las causas del corte de luz masivo de febrero, el Servicio Nacional del Consumidor fue cuestionado por la creación de un proveedor falso para eximir a las compañías eléctricas de responsabilidad.
En el documento, el órgano contralor reafirma que todo el personal que trabaje para el Gobierno, para una empresa estatal, municipio o que reciba sueldo de las arcas fiscales tiene la obligación de asistir a estas instancias.
De acuerdo al fallo de la Corte de Apelaciones, la Contraloría actuó conforme a la normativa vigente al emitir dicho dictamen, por lo que no se encontraron vulneraciones asociadas.
El ministro Grau calificó la polémica como “artificial” y aseguró que el proceso se realizó de manera regular y transparente. Micco llamó a sincerar la situación de “estrés fiscal” y criticó los traspasos “desmesurados” del gobierno de Piñera.
Tras el informe de la Contraloría que señaló graves deficiencias en la iniciativa, la parlamentaria cuestionó la gestión del Gobierno en el plan piloto y exigió claridad sobre la deuda pendiente con la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).
El presidente del Sindicato de Trabajadores a Honorarios, Benjamín Sotomayor, acusó a la Municipalidad de Santiago de realizar desvinculaciones sin tener criterios claros. Además, llamó a la contralora Dorothy Pérez a interceder en el caso.
Tras la solicitud de un pronunciamiento de parte del SEA, la Contraloría señaló que “cuando los ministros titulares deban abstenerse de intervenir en una determinada materia, corresponde que el subsecretario respectivo lo reemplace en sus funciones”.