Durante la mañana del martes se realizaron los alegatos respecto del recurso de amparo que busca anular la medida cautelar que mantiene encarcelados a ocho dirigentes mapuches. El Máximo Tribunal debería entregar su resolución durante las próximas horas.
Este martes la Corte Suprema revisará las medidas cautelares de los ocho imputados en la denominada “Operación Huracán”. Esto, a raíz del recurso de amparo interpuesto por la defensa de los acusados. En la antesala de esta audiencia, familiares de los detenidos solicitaron reunirse con el presidente del Máximo Tribunal para expresarle sus reparos frente a las acusaciones y al procedimiento llevado a cabo por las policías.
El caso del comunero mapuche asesinado por un carabinero en 2002 fue revisado en esa oportunidad por justicia militar la que decidió anular la causa y cerrar el caso. A 15 años de ocurrido este crimen, se reabrirá la investigación, la que será asumida por la Fiscalía de Angol
El ex oficial del ejército, actualmente radicado en EEUU, es investigado por el secuestro agravado y homicidio calificado de Manuel Sanhueza en julio de 1974 en el marco del denominado “Caso Pisagua”.
Este martes, la Corte Suprema entregó la resolución en la que acoge parcialmente el recurso de la defensa de Mauricio Ortega. De este modo, para el máximo tribunal, no se demostró cabalmente la intención de matar, por tal, no configuraría el delito de “femicidio frustrado”. De este modo Ortega obtiene una rebaja de 26 a 18 años.
El abogado querellante del caso Penta criticó el rechazo de la Corte de Apelaciones a un recurso que buscaba evitar que los fiscales del proceso, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, tuvieran que declarar como testigos en la causa, lo que, eventualmente, los inhabilitaría de seguir liderando las investigaciones.
Para la abogada querellante del caso se trataría de una interpretación que no se condice con la evidencia recogida por más de 11 años de investigación.
En un fuerte revés para la decisión que tomó la Presidenta Bachelet en julio del año pasado, el máximo tribunal obligó al Estado a pagarle seis meses de remuneración a Roxana Pey. “El fallo es categórico en decir que no habían motivos fundados para tal remoción y declara ese decreto de remoción como anulado”, aseguró la ex rectora de la entidad estatal.
La abogada de los habitantes afectados estudia la posibilidad de recurrir a instancias internacionales y demandar al Estado de Chile para revertir la decisión, adoptada por la Corte Suprema, que autoriza la ampliación de la Planta Arauco, propiedad del Grupo Angelini.
El máximo tribunal rechazó un recurso de casación y confirmó la sentencia que condenó al canal de televisión por infringir la Ley N° 20.609, conocida como Ley Zamudio, en el despido del conductor y animador Ignacio Gutiérrez Castillo.
La organización de consumidores calificó como una vergüenza el dictamen que benefició Pablo Alcalde. En tanto, la Superintendencia de Valores y Seguros evaluó recurrir a la Corte Suprema ante el fallo que benefició a unos de los principales imputados por fraude financiero que afectó a miles de personas.
La declaración de uno de los imputados señala que el fraude que suma más de $16 mil 500 millones tendría su origen en 1996, fecha anterior a que se instaurara la Reforma Procesal Penal.
De manera unánime, la comisión de Constitución de la Cámara Alta decidió aprobar las nominaciones realizadas por la Presidenta para ocupar los cupos de ministro y fiscal judicial. Durante esta tarde, la sala ratificó a Prado Puga y a Lya Cabello.
Las resoluciones fueron dictadas en un solo día y se dividen en 11.918 sentencias masivas y 227 fallos manuales.
El ex jefe de la CNI fue condenado junto a otros 32 agentes por el secuestro calificado de seis ciudadanos chilenos ocurrido en el año 1987.
El máximo tribunal acogió el recurso de protección presentado por organizaciones ciudadanas y ordenó la realización de una consulta ciudadana sobre el proyecto de extracción de carbón de la mina Invierno, ubicada en la Isla Riesco, Región de Magallanes.
La decisión la tomó la Corte Suprema, luego que Paulina Estay, estudiante atacada por Carabineros el 21 de mayo de 2015, pidiera que se le quitara la competencia del caso a la justicia militar que ya había sobreseído a los uniformados investigados. De este modo, los antecedentes de la agresión con luma y escudo serán destinados al Juzgado de Garantía de Valparaíso.
