Ángela Vivanco ha escrito columnas y papers para defender “la vida del que está por nacer”. Así, con votos del oficialismo y gran parte de la oposición, la abogada constitucionalista de la Universidad Católica recibió los 30 votos que en el Senado le bastaban para convertirse en la nueva ministra de la Corte Suprema.
La abogada de la Pontificia Universidad Católica obtuvo 30 votos de senadores y alcanzó el quórum necesario para ser nombrada como integrante del máximo tribunal.
Haroldo Brito manifestó que la decisión del Ejecutivo podría incidir en la mantención de algunas contratas muy significativas, aún así, el presidente Sebastián Piñera insistió en las dificultades de la caja fiscal.
El caso, conocido masivamente a partir de la movilización del mundo cultural, jurídico, político y social bajo la campaña “Mateluna Inocente”, será revisado por la justicia tras la aprobación de un recurso admitido por la Corte Suprema.
La solicitud fue hecha por el juez Mario Carroza, quien investiga la participación de la mujer y de Ricardo Palma Salamanca en el secuestro de Cristian Edwards.
La sentencia hace aplicación de principios internacionales en materia de Derechos Humanos, como la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La decisión del máximo tribunal obedece a la obligación de no-discriminación y la garantía de los derechos humanos para todas las personas”.
Por lejos ha sido uno de los juicios más polémicos del último tiempo. El camino para definir la culpabilidad de los comuneros mapuches imputados ha sido largo, y por más que ahora existan tres personas declaradas culpables, cabe la posibilidad de que todo vuelva a cero. Y por hechos fundados.
Así lo dictaminó la Corte Suprema. Según el falló, Directemar, Sernapesca y otros no cumplieron “tanto la normativa jurídica que regula sectorialmente las emergencias ambientales y sanitarias, así como la que se orienta directamente a la protección del medioambiente”.
En el marco de la investigación por el crimen de una mujer de 63 años producto de un violento asalto en La Reina, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, criticó a los jueces por el tratamiento judicial que reciben los adolescentes.
El padre de José Vergara manifestó que los familiares se encuentran con fe en que la Corte Suprema reabra el juicio para poder dar con el paradero de su hijo.
El abogado defensor en la causa del caso Luchsinger Mackay lamenta la sentencia leída por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco. A su juicio, los magistrados cedieron ante presiones de poderes fácticos y políticos, todo en un contexto ” de consolidación del Estado policial, mas no de derecho, donde se permite a las policías, a las fiscalías y a los jueces, hacer lo que quieran”.
Veintisiete universidades dictan la carrera de Derecho, cada año son cientos los aspirantes que buscan convertirse en Licenciados en Ciencias Jurídicas. Desde la Academia Judicial critican la calidad de los egresados; en la Corte Suprema proponen exámenes de certificación. Los abogados apuntan a los programas abreviados de estudio y a las universidades privadas como parte fundamental del problema.
El magistrado fue quien, en manos del ex presidente Ricardo Lagos, recibió la información recolectada del trabajo de la denomina Mesa de Diálogo de Derechos Humanos, luego de la cual se nombraron los primeros ministros en visita y jueces con dedicación exclusiva en casos por violaciones a los DD.HH.
El vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, alzó la voz luego de las declaraciones que indicaban que ‘todos los jueces son de izquierda’ emitidas por el ministro de Justicia, las que, desde la entidad catalogaron como un ‘profundo retroceso’.
La organización ha presentado distintos recursos de amparo en favor de personas que han sido devueltas desde el terminal aéreo de Santiago y otras que han permanecido retenidas; todo esto mientras desde la clase política se maneja un discurso distinto.
La tercera sala del tribunal revocó la entrega de los antecedentes al abogado de Derechos Humanos, Cristián Cruz, acogiendo como argumento la posibilidad de que el conocimiento público de los datos pondría en riesgo la seguridad de quienes integraron los aparatos represores de la dictadura.
Esta será la segunda vez en que el caso llega hasta el máximo tribunal del país. Anteriormente, en octubre de 2017, la mencionada instancia determinó la libertad de los ocho imputados, en un fallo que apuntó al débil actuar del Juzgado de Garantía de Temuco y dio las primeras luces de la inconsistencia de las pruebas.
