La declaración de Michael Townley es de 2006 en Washington, donde reveló la molestia de Manuel Contreras luego que Augusto Pinochet ordenara la disolución de la DINA para colocar en reemplazo a Odlanier Mena.
El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos, dictó procesamiento en contra de cuatro agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por el secuestro calificado de María Inés Alvarado Borgel, perpetrado el 15 de julio de 1974, en Santiago. El magistrado encausó a los ex integrantes de la DINA: […]
Este lunes se cumplen 39 años del atentado que terminó con la vida del general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, en Buenos Aires. Tanto la abogada de la familia como las hijas del matrimonio destacan que un trabajo de décadas permitió resultados judiciales, y que tomarán más tiempo los gestos políticos, como el reciente cierre del penal Cordillera, donde estaban recluidos los condenados por este crimen.
Luego de que el Presidente Sebastián Piñera adoptará la decisión del cierre del Penal Cordillera en Peñalolén y el traslado de los militares (r) al centro penitenciario Punta Peuco, el ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Manuel Contreras, interpuso un recurso de protección contra la decisión del mandatario. Además, se espera que en el transcurso del día el abogado Jorge Balmaceda interponga una acción similar contra el Jefe de Estado por otros cinco internos.
El “asado de camaradería” que adherentes al ex agente de la DINA Miguel Krassnoff pretenden realizar este miércoles en el Penal Cordillera no cuenta con autorización de Gendarmería y, por lo tanto, no podría ser realizado. Esta actividad se presenta en el contexto en el que el Presidente Sebastián Piñera evalúa el cierre del penal Cordillera y el traslado de los diez condenados por violaciones a los derechos humanos a Punta Peuco.
El Ejecutivo analiza la posibilidad de cerrar el penal Cordillera, donde permanecen diez militares condenados por violaciones a los Derechos Humanos. El alto costo de mantención y las criticadas condiciones privilegiadas para los reclusos, son parte de los factores que analiza el Gobierno y también analistas, que recalcan en el principio de igualdad ante la ley.
Por cada peso que el Estado gasta en un recluso de una cárcel común, invierte más de 3 en la mantención de un interno del penal de Punta Peuco y más de 5 por cada preso del Penal Cordillera, donde en conjunto están los 55 condenados por causas de Derechos Humanos. La información, entregada por Gendarmería a través de la Ley de Transparencia, revela una serie de otros tratos preferenciales, como el derecho a visita diaria de familiares, entre las 10 y las 17 horas.
Diversas fueron las reacciones a las declaraciones que emitió en diversos canales de televisión el ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, Manuel Contreras. “Es parte de la acción de encubrimiento que permanentemente ha sostenido, son todas mentiras” afirmó el director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos.
El ex director de la DINA, principal órgano represor durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, otorgó una entrevista televisiva en donde se refirió al rol que jugó durante el régimen y las violaciones a los derechos humanos. “No murió nadie en un centro de detención de la DINA, no me pregunte a mí. La DINA no tenía ni buques ni aviones ni helicópteros. Ninguno de los detenidos fue lanzado al mar, todos fueron llevados al Servicio Médico Legal”, sostuvo.
Al menos 27 mil personas fueron torturadas en Chile en los 17 años que duró la dictadura militar. Sus vivencias y su dolor se contraponen a las voces que, sin ningún sustento, piden perdón y reconciliación. Una sociedad inclusiva es clave para poder sobrellevar mejor el trauma de la tortura, algo que, según expertos, no se supera ni se olvida.
El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos, dictó sentencia de primera instancia por el secuestro calificado de Juan Aniceto Meneses Reyes, estudiante de la Universidad de Chile y militante de la Juventud Radical , quien es hasta el día de hoy un detenido desaparecido. Según los antecedentes recabados por la justicia, […]
Además de ser víctimas de los métodos de tortura efectuados contra todos quienes pasaron por los múltiples centros de exterminio de la dictadura, más de tres mil mujeres sufrieron violencia sexual por parte de agentes del Estado. Pese a ello, hasta el momento solo se han presentado cinco querellas criminales y los torturadores siguen refugiándose en los pactos de silencio y la impunidad. Tanto las víctimas como las organizaciones de derechos humanos apuntan a la necesidad de visibilizar este delito, ante el peligro de que se naturalice y se repita.
