A 18 años de presentada la querella del único caso donde están involucrados pilotos de las Fuerzas Armadas, el Ministro en visita para causas por violaciones a los Derechos Humanos, Miguel Vázquez Plaza, dictó sentencia contra pilotos del Comando Aéreo del Ejército y ex agentes de la DINA.
La Sala Penal elevó a 10 años y un día de presidio las penas que deberán cumplir, en calidad de autores de los secuestros de Modesto Espinoza Pozo y Roberto Aranda Romero, los agentes César Manríquez Bravo, Pedro Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff.
En fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada que condenó a 5 años y un día de presidio a Ricardo Lawrence Mires, Basclay Zapata Reyes y Fernando Lauriani Maturana.
En la resolución, el ministro Carroza encausó como autores del delito a los agentes Pedro Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Rolf Wenderoth Pozo.
En fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Manuel Muñoz Pardo, Miguel Vázquez y Javiera González–, rechazó el recurso de casación en la forma interpuesto por la defensa del sentenciado César Manríquez Bravo, en contra de la sentencia de primera instancia, dictada el 9 de marzo de 2015.
Este lunes se realizó la inauguración del Memorial del Cuartel Lautaro, ubicado en Simón Bolívar, en la comuna de La Reina. Este centro de exterminio se conoció recientemente, gracias a una confesión de quien es conocido como “El Mocito”, y hoy es uno más de los llamados “sitios de memoria”.
Rosario Guzmán publicó una carta abierta en la que además critica a la UDI y la fundación que lleva el nombre del ex senador, quien habría estado de acuerdo con hacer “cambios medulares” a la Constitución, sostiene.
Así lo resolvió la Corte de Apelaciones de Santiago, en cuyo fallo unánime se rechaza el reclamo de ilegalidad interpuesto por el comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, en contra de la decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia.
El Consejo de Monumentos Nacionales determinó que el ex centro de detención conocido como Clínica Santa Lucía, sea declarado monumento nacional. Los consejeros consideraron a la instalación como parte “de un sistema de violación de los derechos humanos por parte de agentes del Estado durante la dictadura militar”.
La organización Londres 38, Espacio de Memorias presentó una querella criminal para que la Justicia investigue el destino final de 85 personas detenidas desaparecidas en 1974. La acción fue acompañada por numerosos familiares de las víctimas y representantes de organizaciones sociales y estudiantiles.
El capitán (r) Arturo Silva Valdés fue detenido por funcionarios de la PDI luego de más de 20 días de encontrarse prófugo de la justicia que lo condenó a 15 años y un día de presidio por el secuestro y homicidio del ex químico de la DINA Eugenio Berríos.
El ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, a propósito del lanzamiento de sus memorias “Plaza Montt Varas sin número”, junto con recordar los interrogatorios a Manuel Contreras y Álvaro Corbalán, analiza su nuevo desafío en el Ministerio de Defensa.
El jurista de Derechos Humanos Roberto Ávila cuestiona las diferencias que existen entre los horarios del fallecimiento del ex director de la DINA entregados por Gendarmería y el Hospital Militar, además de la entrega del cuerpo por parte del recinto asistencial.
“Cuando la justicia es inoportuna, resulta injusta”, señaló Carmen Soria, hija del diplomático español secuestrado por la DINA en 1976. A juicio de la familia de la víctima, la Concertación actuó como un perpetuador de impunidad, por lo que es tan responsable como los propios violadores de Derechos Humanos.
Manuel Provis Carrasco, uno de los tres militares en retiro que se mantenían prófugos, ya se encuentra cumpliendo su condena.
Arturo Silva Valdés, quien además se desempeñó en el equipo de seguridad de Augusto Pinochet, se suma a otros dos condenados que aún no ingresan al penal Punta Peuco: Jaime Torres Gacitúa y Manuel Provis Carrasco.
Trece de los catorce condenados por el caso de Eugenio Berríos ya se encuentran a disposición de la Justicia. La excepción, el ex director de la DINE Hernán Ramírez Rurange, quien se suicidó este jueves.
