“Se está haciendo justicia en relación a los crímenes que hemos venido denunciado hace tantos años”, fueron las palabras de las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidos en Colonia Dignidad, luego del fallo de la Corte Suprema que condenó a prisión efectiva a cinco personas acusadas de formar una asociación ilícita para delinquir al interior del enclave alemán en 1973.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos se manifestó conforme con la decisión del ministro en visita Mario Carroza, quien determinó que Miguel Enrìquez no murió en un enfrentamiento, sino en un operativo a cargo de Krassnoff.
Hasta la Corte de Apelaciones de Valparaíso llegó el exagente de la DINA, Cristián Labbé. Esto, debido a la orden de detención dictada por el Ministro en Visita Jaime Arancibia, por los delitos de “detención ilegal, aplicación de tormentos y secuestro con grave daño” en el centro de tortura Tejas Verdes.
El máximo tribunal del país desestimó la resolución de la Corte de Apelaciones. A juicio de los magistrados, el ex subdirector de la DINA que está acusado de múltiples delitos de lesa humanidad, constituye un peligro para la sociedad, por lo que no le corresponden beneficios carcelarios.
La cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago determinó disminuir de ocho a tres años la pena dictada al ex agente de la DINA, Miguel Krassnoff, por el caso de Germán Moreno. Familiares del ex mirista y representantes del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior interpondrán un recurso de casación contra la medida.
Durante esta mañana se realizó la reconstitución de escena de la muerte de Miguel Enríquez, dirigente del MIR, que busca esclarecer si se produjo a causa de un enfrentamiento o si fue parte de una ejecución de la DINA durante la dictadura. El ministro en visita Mario Carroza aseguró que es necesario determinar las responsabilidades del caso si es que las hubiera, pero con prudencia.
A 18 años de presentada la querella del único caso donde están involucrados pilotos de las Fuerzas Armadas, el Ministro en visita para causas por violaciones a los Derechos Humanos, Miguel Vázquez Plaza, dictó sentencia contra pilotos del Comando Aéreo del Ejército y ex agentes de la DINA.
La Sala Penal elevó a 10 años y un día de presidio las penas que deberán cumplir, en calidad de autores de los secuestros de Modesto Espinoza Pozo y Roberto Aranda Romero, los agentes César Manríquez Bravo, Pedro Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff.
En fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada que condenó a 5 años y un día de presidio a Ricardo Lawrence Mires, Basclay Zapata Reyes y Fernando Lauriani Maturana.
En la resolución, el ministro Carroza encausó como autores del delito a los agentes Pedro Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Rolf Wenderoth Pozo.
En fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Manuel Muñoz Pardo, Miguel Vázquez y Javiera González–, rechazó el recurso de casación en la forma interpuesto por la defensa del sentenciado César Manríquez Bravo, en contra de la sentencia de primera instancia, dictada el 9 de marzo de 2015.
Este lunes se realizó la inauguración del Memorial del Cuartel Lautaro, ubicado en Simón Bolívar, en la comuna de La Reina. Este centro de exterminio se conoció recientemente, gracias a una confesión de quien es conocido como “El Mocito”, y hoy es uno más de los llamados “sitios de memoria”.
Rosario Guzmán publicó una carta abierta en la que además critica a la UDI y la fundación que lleva el nombre del ex senador, quien habría estado de acuerdo con hacer “cambios medulares” a la Constitución, sostiene.
Así lo resolvió la Corte de Apelaciones de Santiago, en cuyo fallo unánime se rechaza el reclamo de ilegalidad interpuesto por el comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, en contra de la decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia.
El Consejo de Monumentos Nacionales determinó que el ex centro de detención conocido como Clínica Santa Lucía, sea declarado monumento nacional. Los consejeros consideraron a la instalación como parte “de un sistema de violación de los derechos humanos por parte de agentes del Estado durante la dictadura militar”.
La organización Londres 38, Espacio de Memorias presentó una querella criminal para que la Justicia investigue el destino final de 85 personas detenidas desaparecidas en 1974. La acción fue acompañada por numerosos familiares de las víctimas y representantes de organizaciones sociales y estudiantiles.
El capitán (r) Arturo Silva Valdés fue detenido por funcionarios de la PDI luego de más de 20 días de encontrarse prófugo de la justicia que lo condenó a 15 años y un día de presidio por el secuestro y homicidio del ex químico de la DINA Eugenio Berríos.
