Músicos de Finlandia, Portugal, Estonia, Colombia y Chile cantan “Caudal de Resistencia”. Así, la vocera de Greenpeace destacó que “Chile es el único país del mundo que establece a escala constitucional la propiedad privada del agua”.
“Sin agua Santiago no tiene futuro” expresó la autoridad, quien, además, destacó la puesta en marcha del Consejo de la cuenca del Río Maipo como una de las medidas para evitar el razonamiento del vital elemento.
La autoridad afirmó que las amenazas están dirigidas a un nuevo proveedor de camiones que garantiza entrega de agua a precio justo para las comunidades.
En medio de una de las peores sequías de la historia y con el desarrollo del proceso constituyente que pretende mejorar la protección del recurso, las voces expertas en la materia coinciden en la urgencia de modificar el Código de Aguas ya que “ha generado un problema grave en la priorización de los usos del agua”.
El sociólogo e investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Estatal de O’Higgins, analizó las consecuencias que tiene sobre los territorios el cambio climático y la escasez hídrica y recalcó que “la crisis del agua nos lleva a un conflicto entre un tipo de producción agrícola y la comunidad”.
La presidenta de la Corporación Camino a Farellones, Rosanna Caldana, señaló al intento de expansión de Anglo American como el principal riesgo para la disponibilidad de agua en la capital. Asimismo, afirmó que las agrupaciones y comunidades del sector están trabajando para presentar observaciones ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para que se considere el rechazo de la iniciativa.
Desde la organización reforzaron el llamado a que la futura Constitución “priorice la protección del agua y los ecosistemas claves para el ciclo hidrológico”, tras conocerse que julio recién pasado ha sido uno de los meses más secos en la historia del país.
La activista denunció la violación sistemática de derechos humanos en el acceso al agua en Chile y solicitó al Alto Comisionado que se pronuncie ante la omisión del Estado en sus compromisos internacionales.
El vocero nacional de Modatima y Premio Internacional de DDHH se refirió a la cruda situación que enfrentan miles de personas que, en medio de la pandemia, carecen de acceso a agua potable. “Éste debe ser un momento de inflexión para no volver al orden actual”, reflexionó en medio de la contingencia.
Desde las organizaciones civiles se manifestaron decepcionados con los anuncios y aseguran que solo beneficia a la agroindustria.
La nortina región se convierte en la sexta en ser declarada como zona de emergencia producto de la sequía. El Ministerio de Agricultura destinará recursos y herramientas de ayuda para crianceros y pequeños agricultores.
Este jueves, el presidente Piñera anunció una inversión de 5 mil millones de dólares ante la crisis hídrica que enfrenta nuestro país, siendo uno de los principales objetivos garantizar que las comunidades más afectadas sigan teniendo acceso al agua para su consumo y necesidades básicas.
La medida se toma a causa de la escasez hídrica que afecta a la zona. Gobierno anunció que se incrementarán los recursos para ir en apoyo de los agricultores y comunidades afectadas.
Se trata de Los Andes, San Felipe, Quillota y Marga Marga.
En la actualidad, más de 663 millones de personas viven en el mundo sin acceso a agua potable, por lo que se ven obligados a trasladarse grandes distancias o esperar por horas para acceder a ella. Nuestro país se mantiene con escasez hídrica desde la Primera Región hasta La Araucanía, dejando en alerta a las comunidades y a las autoridades que tendrán que legislar sobre este tema.
El negocio inmobiliario en Puerto Montt se ha aprovechado de las medidas de emergencia por escasez hídrica, ya que lotean terrenos, los venden a bajo precio y traspasan el problema de factibilidad de agua a la municipalidad que, al no contar con red en los sectores rurales, debe utilizar camiones aljibes para suministrar del vital elemento a las personas que adquieren terrenos sin factibilidad de agua potable.
Los ciudadanos de Tierra Amarilla solicitaron al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) un nuevo proceso de participación ciudadana en el proyecto minero Caserones e indicaron que la iniciativa se instalaría en una zona de agotamiento hídrico en la región de Atacama, zona donde operan múltiples empresas y donde el acceso al recurso agua es cada vez más limitado.
