La jurista especialista en DDHH consideró necesaria una corrección del diseño que tiene el país para seleccionar al máximo persecutor, considerando que en esta oportunidad el poder político intervino con fuerza en la fase técnica de la selección.
A pocos días de que el presidente Gabriel Boric proponga al Senado el sucesor de Jorge Abbott, especialistas criticaron una falta de transparencia en el sistema de designación y destacaron la necesidad una menor incidencia política.
Luego de la exposición de los 17 postulantes, el Máximo Tribunal eligió a José Morales, Ángel Valencia, Marta Herrera, Carlos Palma y Rodrigo Ríos. Ahora el Presidente Boric deberá proponer a uno de ellos para que sea ratificado por el Senado.
Este lunes la Corte Suprema entregó la nómina final de los candidatos y candidatas a suceder a Jorge Abbott a la cabeza del Ministerio Público.
La autoridad manifestó que otra dificultad tiene que ver con el déficit de tecnología para el análisis avanzado de la información que permita obtener evidencia para recurrir a los tribunales.
El diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, señaló que el legado de Abbott deja mucho que desear porque desde su instalación hubo un intento por tapar casos escandalosos relacionados con política y dinero.
Luego que la comisión de Sistemas de Justicia desechara persistir en la creación de un Consejo Superior, será esta la autoridad encargada de dirigir el Ministerio Público. Dicho cargo tendrá una duración de seis años, sin posibilidad de reelección.
El organismo se encargará del gobierno y la administración del Sistema Nacional de Justicia y tendrá atribuciones como el nombramiento del Fiscal Nacional, de los Fiscales Regionales, del Defensor Penal Público, Defensores Regionales, Notarios, Conservadores, Jueces y Juezas, integrantes del Consejo de Defensa de Estado, entre otros órganos vinculados a la administración de la justicia.
Los trabajadores criticaron los dichos del Fiscal Nacional, Jorge Abbot, luego que se conociera una reunión con el senador Jorge Pizarro quien era investigado en el marco del caso SQM.
A pocos días de que se cumpla el plazo de investigación de la causa, distintas organizaciones han redoblado sus llamados para exigir justicia y reparación tanto para Gustavo, como para los cientos de personas que fueron víctimas de vulneraciones a los derechos humanos en el marco del estallido social.
Dos acciones fueron declaradas admisibles por los tribunales laborales; con esto, desde la Federación buscan no solo resolver las causas, sino también instalar la discusión respecto de la necesidad de reformar y mejorar el Ministerio Público.
Alejandro Navarro (PRO), Yasna Provoste (DC) y Jaime Quintana (PPD) solicitaron al Fiscal Nacional Jorge Abbott designar a un fiscal Especial para que investigue este caso, con el fin de darle prioridad y rapidez a su resolución.
Trabajadores del Ministerio Público exigen que se realice una revisión de los cálculos y fórmulas para establecer las remuneraciones de los funcionarios, luego que se detectaran una serie de irregularidades en los reajustes y la entrega de bonos a propósito de la última negociación que tuvo al respecto el sector público.
Mientras las miradas están fijas en la acción constitucional que enfrenta Sebastián Piñera en el Congreso, el Ministerio Público ya ha tomado declaración y oficiado a distintas instituciones y autoridades, esto, en el marco de la investigación de la querella por crímenes de lesa humanidad y genocidio que interpusieron 16 abogados en contra del mandatario.
Este lunes la Fiscalía Nacional, representada por la abogada Marisol Peña, se manifestó confiada en el éxito de su solicitud y señaló que es importante considerar como antecedente la remoción de los ministros Ellgueta y Vásquez de la Corte de Rancagua. “Los criterios que ha desarrollado la excelentísima Corte Suprema van a ser muy pertinentes en el debate que se va a iniciar a partir de este momento respecto de esta solicitud” expresó la ex ministra del Tribunal Constitucional.
Moya está siendo sujeto de un sumario administrativo luego que en su domicilio fueran encontrados diversos elementos probatorios relacionados con la investigación por tráfico de influencias, y otros delitos relacionados con corrupción, contra tres ministros de la Corte de Rancagua.
El convenio establecería la obligación del organismo investigador de mantener informada a la entidad eclesiástica respecto del curso de las indagaciones en contra de la Iglesia.
