El jurista de Derechos Humanos Roberto Ávila cuestiona las diferencias que existen entre los horarios del fallecimiento del ex director de la DINA entregados por Gendarmería y el Hospital Militar, además de la entrega del cuerpo por parte del recinto asistencial.
El eventual cierre de Punta Peuco pone de relieve los privilegios que han tenido los militares condenados por violaciones de derechos humanos en el periodo postdictatorial. El fin de dichos beneficios y la creciente victimización de aquellos que torturaron condimentan una discusión que tiene plazo de cierre.
La información se pudo acreditar gracias a los hechos recopilados por el ministro Miguel Vázquez. Los ex militares son acusados de secuestro simple, calificado y homicidio calificado por las muertes del cantautor y el entonces director de Gendarmería.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos exigió al Gobierno el traslado de Álvaro Corbalán del Penal Punta Peuco a una cárcel común.
La posible reestructuración de Gendarmería podría llevar a la separación del área de reinserción. La medida que está siendo revisada por el Ministerio de Justicia, está generando el cuestionamiento de los profesionales de esta división.
Una nueva denuncia por torturas interpuesta por el INDH, ocurrida al interior del penal de Puente Alto en diciembre de 2011, con resultado de muerte, pone en el debate los procedimientos que utiliza Gendarmería de Chile para contener conflictos con los reclusos al interior de los penales.
En la Tercera sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel se iniciaron los alegatos sobre el recurso que pretende anular el fallo que absolvió a ocho funcionarios de Gendarmería, presuntos responsables de la trágica muerte que sufrieron 81 reos en el incendio del 8 de diciembre de 2010.
La tan anhelada reforma al sistema penitenciario deberá seguir esperando, luego que el Gobierno confirmara que desechará un estudio al respecto, encargado por la administración anterior.
Cristian Curinao se suma al ayuno de los tres comuneros que este lunes cumplen 36 días. Esto, a la espera de que las autoridades revisen sus procesos judiciales y que acepten la petición de ser trasladados a un centro penitenciario abierto y de trabajo. Este fin de semana, Gendarmería restringió las visitas a dos familiares por cada huelguista.
Una deuda que recibe el Gobierno es la crisis en el sistema penitenciario señalada por trabajadores, expertos y diversos estudios. Ante esto, funcionarios y académicos lamentan la falta de ejecución de políticas por parte del gobierno de Sebastián Piñera y el mínimo espacio que el tema tiene el programa de Michelle Bachelet en la materia.
Un estudio elaborado por Gendarmería detalla que el 79.22% de las personas estudiadas no reincidió en sus conductas delictuales. De los restantes, se puede concluir que quienes no recibieron beneficios carcelarios, son más tendientes a recaer.
Se proyecta para 2013 una baja de al menos 45% de reclusos castigados en estas celdas, cuya cifra anual bordea los 7 mil casos. Esto como consecuencia de la resolución que en mayo racionalizó y diversificó las sanciones al régimen interno, sobre la base de que los castigos con celda generaban mayor violencia. Gendarmería, funcionarios, la academia y organizaciones ciudadanas concuerdan en evaluación positiva, que está marcando la historia de las 12 mil 772 celdas de aislamiento existentes.
Luego de que el Presidente Sebastián Piñera adoptará la decisión del cierre del Penal Cordillera en Peñalolén y el traslado de los militares (r) al centro penitenciario Punta Peuco, el ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Manuel Contreras, interpuso un recurso de protección contra la decisión del mandatario. Además, se espera que en el transcurso del día el abogado Jorge Balmaceda interponga otro recurso de protección contra el Jefe de Estado por otros cinco internos.
Agrupaciones de gendarmes y de derechos humanos manifestaron su rechazo a los múltiples beneficios de los diez militares condenados por violaciones a los derechos humanos recluidos en el Penal Cordillera, revelados en el informe de la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago. Amparados en el principio de igualdad ante la ley, exigen el cierre tanto de ese recinto como de Punta Peuco.
El “asado de camaradería” que adherentes al ex agente de la DINA Miguel Krassnoff pretenden realizar este miércoles en el Penal Cordillera no cuenta con autorización de Gendarmería y, por lo tanto, no podría ser realizado. Esta actividad se presenta en el contexto en el que el Presidente Sebastián Piñera evalúa el cierre del penal Cordillera y el traslado de los diez condenados por violaciones a los derechos humanos a Punta Peuco.
Por cada peso que el Estado gasta en un recluso de una cárcel común, invierte más de 3 en la mantención de un interno del penal de Punta Peuco y más de 5 por cada preso del Penal Cordillera, donde en conjunto están los 55 condenados por causas de Derechos Humanos. La información, entregada por Gendarmería a través de la Ley de Transparencia, revela una serie de otros tratos preferenciales, como el derecho a visita diaria de familiares, entre las 10 y las 17 horas.
La Asociación Nacional de Suboficiales (Ansog) iniciaron un paro indefinido a nivel nacional para exigir que se cumplan sus demandas, denunciando un “abandono histórico” de los gobiernos, sus principales exigencias son la recuperación de la asignación de riesgos, capacitación, profesionalización de la institución y readecuación del escalafón.
