Un estudio elaborado por Gendarmería detalla que el 79.22% de las personas estudiadas no reincidió en sus conductas delictuales. De los restantes, se puede concluir que quienes no recibieron beneficios carcelarios, son más tendientes a recaer.
Se proyecta para 2013 una baja de al menos 45% de reclusos castigados en estas celdas, cuya cifra anual bordea los 7 mil casos. Esto como consecuencia de la resolución que en mayo racionalizó y diversificó las sanciones al régimen interno, sobre la base de que los castigos con celda generaban mayor violencia. Gendarmería, funcionarios, la academia y organizaciones ciudadanas concuerdan en evaluación positiva, que está marcando la historia de las 12 mil 772 celdas de aislamiento existentes.
Luego de que el Presidente Sebastián Piñera adoptará la decisión del cierre del Penal Cordillera en Peñalolén y el traslado de los militares (r) al centro penitenciario Punta Peuco, el ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Manuel Contreras, interpuso un recurso de protección contra la decisión del mandatario. Además, se espera que en el transcurso del día el abogado Jorge Balmaceda interponga otro recurso de protección contra el Jefe de Estado por otros cinco internos.
Agrupaciones de gendarmes y de derechos humanos manifestaron su rechazo a los múltiples beneficios de los diez militares condenados por violaciones a los derechos humanos recluidos en el Penal Cordillera, revelados en el informe de la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago. Amparados en el principio de igualdad ante la ley, exigen el cierre tanto de ese recinto como de Punta Peuco.
El “asado de camaradería” que adherentes al ex agente de la DINA Miguel Krassnoff pretenden realizar este miércoles en el Penal Cordillera no cuenta con autorización de Gendarmería y, por lo tanto, no podría ser realizado. Esta actividad se presenta en el contexto en el que el Presidente Sebastián Piñera evalúa el cierre del penal Cordillera y el traslado de los diez condenados por violaciones a los derechos humanos a Punta Peuco.
Por cada peso que el Estado gasta en un recluso de una cárcel común, invierte más de 3 en la mantención de un interno del penal de Punta Peuco y más de 5 por cada preso del Penal Cordillera, donde en conjunto están los 55 condenados por causas de Derechos Humanos. La información, entregada por Gendarmería a través de la Ley de Transparencia, revela una serie de otros tratos preferenciales, como el derecho a visita diaria de familiares, entre las 10 y las 17 horas.
La Asociación Nacional de Suboficiales (Ansog) iniciaron un paro indefinido a nivel nacional para exigir que se cumplan sus demandas, denunciando un “abandono histórico” de los gobiernos, sus principales exigencias son la recuperación de la asignación de riesgos, capacitación, profesionalización de la institución y readecuación del escalafón.
La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios instó a la Fiscalía a que considere el testimonio de un ex reo de la Cárcel de San Miguel, quien declaró que los responsables de iniciar el incendio que acabó con la vida de 81 personas están vivos.
Cerca de las cuatro de la mañana comenzó un incendio en el Centro de Detención Preventiva de Quillota, en la Región de Valparaíso, según las primeras hipótesis, luego de una pelea en los dormitorios. Al menos 14 personas han resultado lesionadas con heridas leves de naturaleza punzante a causa de estos enfrentamientos según lo confirmó […]
Con la presencia de una serie de pruebas y declaraciones de testigos, la Fiscalía Metropolitana Sur pretende comprobar la participación de los ocho imputados en este caso en la muerte de 81 internos la madrugada del 8 de diciembre de 2010. Dentro de las personas que presentarán testimonio están el ex ministro de Justicia, Felipe Bulnes y el ex ministro del Interior, actual titular de Defensa, Rodrigo Hinzpeter.
Los hijos de dos de los torturados en el conocido caso “Degollados” criticaron la decisión de la Corte Suprema, que ratificó el beneficio de salida dominical a los condenados por el asesinato de Santiago Natino, Manuel Guerrero y José Manuel Parada. Su descontento se materializó con una manifestación en tribunales.
El INDH emitió un comunicado donde destaca las garantías de las personas privadas de libertad, además de las obligaciones del Estado para la libertad de credo, aun cuando se trate de quienes están en la cárcel. En este sentido, apoyó la gestión del Ministerio Público y Gendarmería, por su asistencia a mapuches que cumplen con condenas en distintos penales.
