El hijo de José Tralcal -condenado por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay- acusó negligencia por parte de Gendarmería en la entrega de beneficios carcelarios a su padre, los cuales debieron haberse entregado hace un año.
Lorenzo Morales de la Defensoría Popular, señaló que la medida es un paso para terminar con la prisión preventiva que aún enfrentan decenas de jóvenes detenidos en el marco del estallido social. Además, indicó que incluso podría abrir una puerta para la revisión de las sentencias contra personas condenadas por los tribunales.
El hecho fue informado por la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP), entidad que confirmó que el atentado fue pasada las 13:00 horas y no se registran lesionados así como tampoco detenidos.
Como “El Nazi” se le conoce al funcionario del penal que con un fierro envuelto en huincha aisladora provocó una fractura costal a Elías Quero días antes de salir de la prisión preventiva que debió pasar durante 13 meses. El afectado anunció acciones legales en contra del gendarme.
Desde el Ministerio de la Mujer se han comprometido a adoptar nuevos protocolos para que situaciones como estas no vuelvan a ocurrir. No obstante, de parte de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres criticaron la gestión de la cartera en esta materia y aseguraron que este caso dilucida el poco valor que tiene la vida de las mujeres para las instituciones.
La abogada se refirió a la situación actual del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, luego de la publicación de un comunicado donde acusa la intromisión del gobierno de Argentina en el proceso judicial de nuestro país, después del último intento por parte de su defensa para conseguir la libertad condicional.
La Comisión de Seguridad del Senado terminó suspendiendo la sesión en que se revisaría la cuestionada iniciativa impulsada por el Gobierno que exime de responsabilidad penal a aquellos uniformados que usen la fuerza letal en el ejercicio de sus funciones.
A pesar de que aquella tragedia reveló los peligros del hacinamiento y la desorganización de los penales, en la actualidad la situación sigue siendo similar. Por ello, en opinión de quienes conocen este caso y el sistema penal, es fundamental que el Estado reconozca que debe ser garante de derechos para las personas recluidas, indiferente cual haya sido su delito.
Desde la vocería de la autoridad ancestral mapuche han denunciado amenazas y persecución por parte de funcionarios de la institución penitenciaria, además de las deplorables condiciones en que se encuentra el estanque que provee de agua a todo al CET de Vilcún, lugar en donde se encuentra recluido desde septiembre.
A menos de 12 horas del fallo que dictó el Juzgado de Garantía de Cañete en favor de los comuneros mapuche, en donde explicitó que éstos debían ser devueltos al penal de Lebu, la dirección regional de Gendarmería hizo caso omiso a la instrucción y los trasladó en plena madrugada a la cárcel El Manzano de Concepción.
Los 12 comuneros mapuche de la cárcel de Lebu fueron abordados por los funcionarios del penal en horas de la madrugada para un inesperado traslado al hospital de Los Ángeles. Ante esto, el Juzgado de Garantía de Cañete le dio a la dirección regional de Gendarmería un plazo de 12 horas para informar quién tomó la decisión y otro de 48 horas para investigar un posible desacato de la institución penitenciaria.
Durante las últimas horas tres huelguistas de la cárcel de Lebu fueron trasladados a un hospital debido al agravamiento en su estado de salud. Paralelamente, comuneros denunciaron que Gendarmería estaría impidiendo el ingreso de personal médico de confianza, entre otras medidas, consideradas como “negligentes”.
La negociaciones entre la cartera de Justicia, Gendarmería y los organismos de Derechos Humanos, apoyados por la Universidad de Chile y el Colegio Médico, buscan reformar los reglamentos penitenciarios en orden a cumplir con los tratados internacionales suscritos por Chile.
Desde la Anfup aseguran que falta diligencia por parte de las autoridades para prevenir los brotes tanto en trabajadores como en la población penal, especialmente en la toma de PCR como método de prevención.
Nuestro medio accedió a la resolución con la que se pretende adquirir más de 19 mil cajetillas Kent, Lucky Stike y PallMall.
El hombre de 75 años cumplía condena en el recinto penal de Santiago Sur.
Luego del motín en Colina 1, Carlos Fernández criticó duramente las decisiones tomadas por el Ministerio de Justicia en cuanto al manejo de la crisis sanitaria en los recintos penales. “Hoy como gremio, pedimos la salida de Hernán Larraín del Ministerio de Justicia, porque no esta en sintonía con los gendarmes”.
