Según sus cifras, en Santiago y Santiago 1 hay casi 6 mil y 5 mil reos, mientras que el personal no supera los 400 funcionarios por cárcel. Desde Gendarmería señalan que la criminalidad al interior de los penales en el país “ha crecido duramente.
Tras las autorizaciones a reos de alta peligrosidad, expertos señalaron que en el debate sobre seguridad debería llamar la atención que “lo razonable, natural o intuitivo de las decisiones fueran siempre hacia el mayor castigo”.
Según un reportaje de Meganoticias, está situación provocó gran preocupación en Gendarmería, que advirtió que esto “pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada”.
El gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, instó a revelar los términos del acuerdo y la senadora republicana Carmen Gloria Aravena lo calificó como una “pésima señal”.
La determinación se logró luego de llegar a un acuerdo con Gendarmería en relación a las demandas exigidas por los 17 reclusos sobre su situación judicial.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos advirtió que las cárceles “por la capacidad que tienen, tienen un número crítico que es de 52 mil (privados de libertad), porque ahí ya entraría en hacinamiento el sistema completo”.
Asimismo, hizo hincapié en el apoyo a los funcionarios de Gendarmería y en la necesidad de esclarecer la autorización de los elementos encontrados en el penal.
La mañana del domingo, los reos retuvieron a tres gendarmes para protestar por la falta de visitas en el día de la elección. “Esta es una suspensión que se realiza con habitualidad en cualquier proceso electoral”, aclaró el ministro Luis Cordero.
Desde la institución carcelaria indicaron que se enviaron a la Fiscalía “los primeros antecedentes de lo ocurrido para la respectiva investigación”.
El ministro de Justicia explicó que la retención de tres funcionarios de Gendarmería en el penal se debió a la molestia de un grupo de internos por la suspensión del ingreso de familiares durante esta jornada.
Durante el debate, la ministra del Interior, Carolina Tohá, llamó a “dejar atrás la idea de las policías en disputa”. Además, emplazó a trabajar para subir el estándar de la función de las instituciones encargadas de la seguridad y el orden público.
A horas de que el Senado vote la iniciativa, el edil de Recoleta emplazó al Ejecutivo ya que la normativa “es un atentado a los DDHH”. Mientras, la senadora Fabiola Campillai insistió en el rechazo a la propuesta.
