La acción que si bien fue defendida por el oficialismo, es mirada con cautela. Mientras en la oposición y abogados constitucionalistas consideran puede tener fuertes costos políticos, en especial para la candidatura presidencial de Sebastián Sichel y la propia supervivencia del TC en la discusión de la nueva Carta Fundamental.
Parlamentarios de oposición y el RN Jorge Durán señalaron que la estrategia del Ejecutivo es equivocada ya que no toca el fondo de un sistema que, sostienen, abusa de la gente.
“Quizás hay intereses económicos que no conocemos, quizás hay compromiso con sus proveedores de armas”, comentó el parlamentario PS.
La candidata presidencial de Nuevo Pacto Social indicó que las medidas adoptadas por el Ejecutivo llegaron tarde y tienen como consecuencia la presión sobre el precio de los bienes y servicios de consumo cotidiano de las personas.
La Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional propuso la refundación de la institución e, inmediatamente, generó polémica.
En total, hay 146 comunas en todo Chile que están bajo esta condición.
La protesta se enmarca en la movilización que ha desplegado el gremio para manifestar su profundo rechazo a la reforma que vendría a reducir en un 70 por ciento sus funciones y poner en riesgo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
“No tiene sentido un comercio que cierra locales cuando podrían seguir abiertos y generar nuevas ventas hacia adelante”, sostuvo el abanderado de Chile Podemos +.
Luego de la renuncia ayer de Yasna Provoste a la mesa de la corporación para concentrarse en su campaña presidencial, su par asoma como la principal sucesora en el cargo. “Nos toca relacionarnos con ella de la mejor manera”, afirmó el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio.
Las disposiciones del Ejecutivo para las próximas festividades van en la línea de celebrar en reuniones acotadas. De esa manera se fijó el mismo aforo para las fases de transición y apertura, evitando la aglomeración en fondas y ramadas.
La Sala aprobó un proyecto de resolución presentado por la diputada Cristina Girardi a través de la bancada PPD e Independiente, donde expresa su rechazo por la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo de sesionar extraordinariamente y aprobar el polémico proyecto.
Parlamentarios emplazaron al Gobierno a dar solución a cientos de familias que están atrasadas con el pago de servicios producto de la crisis económica y los efectos de la pandemia. Sostienen que hay 720 mil personas endeudadas en sus cuentas de electricidad.
