De ese total, 475 casos se vincularían a niños, niñas y adolescentes.
Consultado por los casos de atropello a derechos fundamentales, el subsecretario de Interior consideró que “la institución está funcionando”. En tanto, la vocera Karla Rubilar dijo que volver al estado de excepción “se puede considerar”.
El organismo informó también 3.193 detenidos, de los cuales 343 son niños, niñas y adolescentes.
El último reporte el Instituto Nacional de Derechos Humanos se da luego de entrevistas a 3.163 personas en 93 comisarías. El director del organismo, Sergio Micco, detalló que, hasta el momento, son 437 las personas que han sido heridas por armas de fuego.
La información fue confirmada luego de una reunión entre el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, y el representante de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH. (ACNUDH), Xavier Mena.
Por otro lado, el organismo detalló que existen 584 personas heridas.
Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se han mostrado preocupado por la ola de denuncias que han recibido ambas instancias por violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. “Lo más preocupante es el abuso generalizado y sistemático de los militares y carabineros en las detenciones”, dice el juez Daniel Urrutia.
La institución entregó este miércoles un nuevo informe con datos recabados hasta el mediodía de hoy.
Este último reporte corresponde a la información recabada desde el 17 de octubre hasta las 15 horas de este martes.
“Son cifras provisionales, son solo los hospitales que logramos visitar. No alcanzamos a visitar todos los recintos médicos de Santiago”, sostuvo el académico de la Universidad de Chile.
La normativa aprobada por la Cámara de Diputados ha causado polémica, pues políticos y expertos la han criticado por violar los derechos humanos de niños y adolescentes. Para el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, la medida va contra los tratados firmados por Chile.
El Instituto también solicitó a Minsal conocer si en el caso de Joaquín Bustos, joven kinesiólogo de 27 años no pudo donar sus órganos por falta de organización del traslado, se cumplieron con los protocolos existentes.
