En julio termina el mandato del director en medio de fuertes críticas de organizaciones de la sociedad civil y de funcionarios del organismo. “Ha sido operador político”, señalan por su rol en el estallido social.
La PDI intenta desde ayer lunes cumplir con la orden de detención, sin embargo, sus funcionarios aún esperan en las afueras de una dependencia de la institución en Talcahuano.
El abogado de la Defensoría Popular catalogó como una “desazón” la resolución de la entidad de no perseverar en su querella por delitos de lesa humanidad. Por lo que consideró que el nuevo gobierno “debería incidir”.
Enrique Eichin perdió la visión de su ojo derecho por un balín de pintura percutado por el oficial Jaime García. Además de la pena de cárcel, el profesional pide que sea dado de baja para dar una señal de no repetición a toda la institución.
Esta semana la ACES depuso la toma de la sede del INDH y excluyó a su director de las conversaciones, cuando la Subsecretaría de DD.HH. respondió al petitorio entregado por secundarios que exigen reparación para las víctimas del estallido social.
El texto señala que en 11 de los penales revisados no existen camas para todos los reclusos, por lo que algunos de ellos duermen en baños, pasillos y suelo.
Con esta determinación, las particiones señalaron un menoscabo a la atención psicosocial y jurídica a las víctimas del estallido social. También se notificó la renuncia del abogado Rodrigo Bustos al organismo, quien mencionó situaciones de precariedad laboral en distintas divisiones.
El director ejecutivo de Fundación Mis Ojos, Matías Vallejos, aseveró que PIRO no reconoce a los y las usuarias como víctimas de violaciones a los derechos humanos, lo que hace que cualquier gestión e implementación en materia de reparación sea insuficiente.
El documento, al que tuvo acceso el medio El Mostrador, responsabilizó a infantes de marina en la muerte del comunero en la localidad de Cañete y respaldó los testimonios de familiares, quienes afirmaron que la víctima fue baleada en el patio de su casa.
El Estado de Chile mantiene una deuda con sus pueblos en materia de reparación integral, especialmente por aquella requerida desde el Estallido Social de octubre de 2019, en que el número e intensidad de estas vulneraciones aumentó de manera alarmante, por la decisión del gobierno de Sebastián Piñera de contener las movilizaciones sociales mediante una […]
En un balance a dos años del 18-O, el Instituto Nacional de Derechos Humanos reportó que de las más de ocho mil denuncias de violaciones a los derechos humanos perpetradas en el marco de las manifestaciones sociales, menos del uno por ciento de ellas han concluido en condena.
Así lo sostuvo el INDH en una declaración luego que el Gobierno decidiera implementar la medida constitucional en cuatro provincias en las regiones del Biobío y la Araucanía. Coordinador de la zona, Pablo Urquízar, sostuvo que si las fuerzas militares son atacadas por “orgánicas terroristas (…) pueden hacer uso de sus armas”.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos en colaboración al Instituto Danés de Derechos Humanos documentaron los impactos de la industria salmonera chilena desde una perspectiva de derechos humanos con la finalidad de sensibilizar a diferentes actores sobre los principios rectores de la ONU.
Desde la fundación agregan que no cuentan con subvención de ninguna institución estatal o privada y que hasta el día de hoy han trabajado únicamente con recursos provenientes de donaciones.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó al Ministerio Público que realice una serie de diligencias solicitadas por el INDH en orden a esclarecer los hechos ocurridos en agosto del 2017 en Lo Prado. “Este caso muestra de manera clara como el Estado de Chile está al debe en una serie de políticas públicas de adecuación del marco normativo y de prácticas para que efectivamente los funcionarios y funcionarias de nuestro país no incurran en actuaciones discriminatorias”, aseveró el abogado del INDH.
Un grupo de estudiantes secundarios realizó esta acción de protesta exigiendo la liberación de los presos de la revuelta.
El constituyente electo y ex ministro de Desarrollo Social e refirió también a la controvertida conducción de Sergio Micco (DC) en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. “El Director del INDH no está en condiciones de seguir siéndolo, su conducta no es consistente con el mandato que tiene la actual legislación”, aseveró.
