El académico del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos se refirió al asesinato del comunero Camilo Catrillanca. A dos años del hecho, el abogado sostuvo que el caso reveló la existencia de “dispositivos de impunidad” al interior de Carabineros, lo que se hizo mucho más visible luego del estallido social.
“El Estado de Chile ha hecho cosas, pero éstas son dolorosamente insuficientes”, sentenció el director nacional del INDH, Sergio Micco, en la presentación de los resultados. Además, el organismo dio a conocer un mapa de las vulneraciones cometidas por agentes del Estado, el que ya está disponible en su sitio web.
En conversación con nuestro medio, la jefa regional del INDH Coquimbo, Tarcila Piña, admitió que en los denunciantes de violaciones a los DDHH existe una desconfianza generalizada con las instituciones y enfatizó en que los daños que producen estos hechos van más allá de lo superficial. “No es sólo una afectación a la integridad física, sino que también a la integridad psíquica; y no sólo a la víctima que vivió el hecho, también a su familia”, sentenció.
El seguimiento permanente, las amenazas de muerte y los sospechosos allanamientos que sufrieron en su hogar, terminaron obligando a Jonathan y Francisca a tomar la decisión de salir del país. Hoy, en vísperas del primer aniversario del estallido social, decidieron contar su historia y revelar una serie de videos, fotos y audios que han ayudado a que su agresor, el ex capitán de Carabineros Ricardo Luengo, se encuentre en prisión preventiva imputado como autor de apremios ilegítimos y torturas.
En un estudio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el 26 por ciento de las víctimas consultadas aseguran que no recibieron ningún tipo de atención médica además de la urgencia. Sin bien la pandemia podría explicar en parte esta situación, para el director jurídico de dicha organización, Rodrigo Bustos, “el Estado debe adoptar medidas para que haya verdad, justicia y reparación”.
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos admitió que el entendimiento es un pequeño avance en la línea de que los derechos humanos del pueblo mapuche sean plenamente respetados y aseguró que constituirá un equipo permanente para garantizar que se respete lo firmado.
La autoridad ancestral mapuche resolvió deponer el ayuno que llevaba hace 107 días tras llegar a un entendimiento con el Ministerio de Justicia, en el que acordaron que éste pueda visitar su rehue por un máximo de 30 horas.
El machi atraviesa los días más complejos de su ayuno en un Hospital de Nueva Imperial que ya tiene planeado un protocolo en caso de que entre en paro, mientras que en Angol seis de los ocho comuneros que tomaron la medida ya han sido trasladados al hospital de la comuna. Esto, en medio de infructuosas conversaciones entre los voceros y el Gobierno.
Aunque en su discurso el mandatario dijo que se deben respetar los derechos humanos, no hizo mención a las vulneraciones de los últimos meses.
El objetivo del viaje fue impulsar una mesa de diálogo y destrabar la huelga de hambre que mantienen ocho comuneros mapuches en el Centro Penitenciario de Angol.
Además de la interrupción del embarazo sufrida por la viuda del werken Alejandro Treuquil producto de la exposición a gases lacrimógenos, la organización denunció abusos sexuales a la médica del machi Celestino Córdova.
Una semana antes de la muerte de su esposo y con cuatro meses de gestación, Andrea Neculpan sufrió una pérdida que el médico que la atendió atribuyó a los gases lacrimógenos que respiró a raíz del inusitado accionar de Carabineros. Éstos, según estudios recientes, tendrían efectos abortivos, y así también lo ha advertido el Colegio de Matronas de Chile.
El hombre de 75 años cumplía condena en el recinto penal de Santiago Sur.
La acción judicial apunta a una omisión ilegal de la Gobernación Provincial de Petorca y la Secretaría Regional Ministerial de Salud, al no disponer de la cantidad suficiente de agua potable para abastecer a comunidades completas en las comunas de La Ligua, Petorca y Cabildo, lo que pone en riesgo a la población ante la pandemia.
Según indicaron a través de un comunicado público, los dichos del director del INDH sobre la naturaleza de los derechos humanos, no son aislados sino “una reiterada generación de confusiones”.
Las dos asociaciones de trabajadores y trabajadoras de la organización decidieron movilizarse en oposición al rol que ha tenido el director del INDH. “Hemos llegado a la convicción de que mientras más tiempo siga Sergio Micco en el INDH más daño le hará a este”, señaló uno de sus voceros.
El abogado experto en Derecho Constitucional señaló que los dichos del director del INDH son preocupantes. Y afirmó que quienes sean parte del Consejo de dicha institución deben tener un compromiso “a toda prueba”.
