Así lo comunicaron desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a raíz de un recurso de amparo presentado hace algunas semanas donde se intenta dejar sin efecto las eventuales expulsiones que podrían afectar a familias extranjeras y sus hijos.
A través de una carta dirigida a la directora de la entidad, Consuelo Contreras, los dirigentes de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos evidenciaron los hechos irregulares cometidos, principalmente, por dos jefes de unidad. En la misiva, los suscritos a la AFFINDH exigen tomar las medidas que correspondan y detener las violaciones laborales.
Además de acudir a una cita con la directora nacional del Instituto, la delegación, que viajó desde Alto Bío Bío, se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados y con el presidente del Senado para hablar sobre su situación.
Juanita Rojas, periodista y conductora del programa “Libres e Iguales” de Radio Universidad de Chile, junto a la consejera y una de las fundadoras de Evópoli, Verónica Garrido, y el investigador del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Lucas Cifuentes, analizaron en “Radioanálisis” la Reforma Tributaria y el informe del INDH que revela el deplorable estado de las cárceles en Chile.
El documento recoge los antecedentes de los observadores del Instituto, quienes recorrieron 44 de los centros penitenciarios alrededor del país con el objetivo de indagar empíricamente la situación y el grado de cumplimiento de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Desplazamientos de comunidades indígenas por la priorización de proyectos hidroeléctricos; amedrentamientos ante sus demandas; y abandono del Estado para el acceso a servicios básicos como salud, trasporte y educación, fueron solo algunas de las constataciones realizadas por el organismo en una visita a terreno.
Desde el organismo advirtieron que el Gobierno no ha cumplido el compromiso suscrito con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que oficiará al organismo internacional. Asimismo, desde el INDH aseguraron que el nuevo decreto publicado recientemente en el Diario Oficial, contiene diez protocolos secretos para el uso de la fuerza que no existían anteriormente.
En su intervención ante la Comisión Investigadora de este caso, Consuelo Contreras dijo que bajo los estándares internacionales de derechos humanos esto puede ser más que solo un homicidio cometido por Carabineros, y que la muerte del comunero es una de las situaciones más grave que ha enfrentado el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Luego de los episodios de contaminación que intoxicaron a miles de personas en la bahía de Quintero, la comunidad y organizaciones sociales presentaron recursos de protección por la vulneración que fueron desestimados, argumentando que no se ha determinado la responsabilidad de las empresas. “Siempre priman los intereses económicos”, dicen los dirigentes locales.
A más de tres años de que Rodrigo Avilés recibiera el impacto del carro lanza aguas en Valparaíso, comenzó, el pasado jueves, el proceso penal en el que deberán declarar el ex general Ricardo Cartagena y los ex generales directores de Carabineros, Gustavo González y Bruno Villalobos.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos manifestó su conformidad con la decisión administrativa del alto mando de Carabineros de desvincular a los funcionarios involucrados en estos hechos y de poner los antecedentes del caso a disposición de la Fiscalía, ante los eventuales delitos de apremios ilegítimos y uso excesivo de fuerza.
Tres miembros de la comunidad de Temucuicui denunciaron haber sido agredidos por funcionarios de Carabineros. Entre ellos se encontraba el adolescente M.A.P.C., el mismo que estaba junto a Camilo Catrillanca el día de su muerte en noviembre pasado.
