El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH., Jab Jarab, envió una carta de apoyo a la directora de la institución nacional, Consuelo Contreras, tras la solicitud de remoción en su contra y del consejero Francisco Ugás.
Tras la votación, Contreras lamentó la postura de la Cámara y manifestó su “convicción de que las querellas presentadas han sido realizadas en el legítimo uso”. El proceso continuará en la Corte Suprema.
RN pidió la renuncia de la directora del INDH tras una acción judicial que tacharon de “jugada política”. La exdirectora del organismo defendió que “la corrupción afecta los DDHH”, en este caso, a la independencia de un tribunal.
La diputada del PC se refirió además a la salida de Juan Andrés Lagos de la Subsecretaría del Interior, lo que atribuyó a un “anticomunismo” que viene instalándose desde hace mucho rato en distintos ámbitos.
A pesar de la resolución del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, el tribunal estableció que el delito sí existe, por lo que remitirá los antecedentes al Ministerio Público, que deberá decidir si inicia acciones penales contra el exministro.
En entrevista con Radio U. Chile, el secretario de Estado se refirió al primer año de implementación del Plan de Búsqueda. Además, defendió la labor del INDH en el estallido social, pues hubo vulneraciones y se presentaron querellas al respecto.
La ex directora del INDH, Lorena Fries, afirmó que “lo importante es que se cometieron crímenes de lesa humanidad”. En tanto, abogados expertos en derechos fundamentales coinciden que lo ocurrido en el 2019 fueron vulneraciones generalizadas.
El Ministerio Público, el INDH y los abogados de Romy Vargas y de los jóvenes afectados por la marcha en Putre, piden que la causa sea vista por los tribunales ordinarios. Mientras, la Fiscalía Militar insiste en liderar la investigación.
La directora del Instituto Nacional de DDHH expuso sus críticas frente a la petición del fiscal general militar de que sea el pleno de la Corte Suprema la que zanje si el caso de Franco Vargas será visto por la justicia castrense o la justicia civil.
La acción tiene que ver con la filtración de chats por un eventual caso de lobby judicial a favor de la magistrada María Teresa Letelier que involucra a Mario Desbordes. Así, RN acusó al PC de encabezar una “operación política” contra el exministro.
Si bien el instituto es querellante en el caso “Operación Topógrafo”, el titular de Justicia indicó que las acciones por los delitos de funcionarios son ejecutados, con previa evaluación, por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
La filtración de chats por un eventual caso de lobby judicial a favor de la magistrada María Teresa Letelier, involucra también al ex ministro de Defensa y actual candidato a la alcaldía de Santiago, Mario Desbordes.
Durante la celebración del Día de los Patrimonios fueron varios los espacios que recalcaron la necesidad de que el Gobierno lleve adelante un proyecto para defenderlos. Esto, en el marco de una profunda crisis de financiamiento.
El juez de garantía de Arica rechazó la solicitud de la ministra en visita, Jenny Book, que buscaba que la investigación fuera realizada por la justicia militar, la cual fue calificada por el magistrado como “un sistema antiguo e inquisitivo”.
Junto con demandar verdad y justicia por estos hechos, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, insistió en que el caso debe mantenerse en los tribunales civiles.
Desde la institución afirman que pese a sus intentos desde el Ejército no han aceptado capacitaciones en derechos humanos, a diferencia de Carabineros y Gendarmería. En tanto, el diputado González amenaza con acusar constitucionalmente a Iturriaga.
Además, la jueza Paulina Zúñiga programó para el 30 de mayo una audiencia para resolver la competencia de los tribunales civiles en este caso. El INDH argumentó que debe ser visto en la justicia civil y no en la militar.
