La filtración de chats por un eventual caso de lobby judicial a favor de la magistrada María Teresa Letelier, involucra también al ex ministro de Defensa y actual candidato a la alcaldía de Santiago, Mario Desbordes.
Durante la celebración del Día de los Patrimonios fueron varios los espacios que recalcaron la necesidad de que el Gobierno lleve adelante un proyecto para defenderlos. Esto, en el marco de una profunda crisis de financiamiento.
El juez de garantía de Arica rechazó la solicitud de la ministra en visita, Jenny Book, que buscaba que la investigación fuera realizada por la justicia militar, la cual fue calificada por el magistrado como “un sistema antiguo e inquisitivo”.
Junto con demandar verdad y justicia por estos hechos, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, insistió en que el caso debe mantenerse en los tribunales civiles.
Desde la institución afirman que pese a sus intentos desde el Ejército no han aceptado capacitaciones en derechos humanos, a diferencia de Carabineros y Gendarmería. En tanto, el diputado González amenaza con acusar constitucionalmente a Iturriaga.
Además, la jueza Paulina Zúñiga programó para el 30 de mayo una audiencia para resolver la competencia de los tribunales civiles en este caso. El INDH argumentó que debe ser visto en la justicia civil y no en la militar.
“Seguimos investigando para establecer la verdad y precisar si existió ocultamiento de información o derechamente se mintió.”, afirmó el comandante en jefe del Ejército, quien también anunció el inicio de la investigación a cargo de Jenny Book.
Romyna Vargas llegó al Congreso Nacional en busca de ayuda por el caso de su hijo. El diputado Rubén Oyarzo (PDG) denunció “ocultamiento de información”, y su par Jorge Brito (RD) demandó “apartar cualquier práctica abusiva” de la carrera militar.
Este martes los ministros del Tribunal Constitucional escucharon los argumentos de al menos 30 organizaciones, quienes defendieron sus posturas frente el requerimiento contra el artículo 12 de la Ley Integral contra la violencia.
Sobre una posible revocación de la pensión de gracia, Cordero dijo que “el Gobierno ha tomado conocimiento y, efectivamente, el Ministerio del Interior está evaluando los antecedentes para iniciar el proceso de revisión”.
“Dada la gravedad de los hechos expuestos por el INDH, S.E. el Presidente de la República solicitó todos los antecedentes disponibles para reevaluar inmediatamente la pensión de gracia”, señalaron desde La Moneda.
En el marco del Día de la Inclusión Social y la Cero Discriminación, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) recuerda los hallazgos del Informe Anual 2023, que dio cuenta del reducido éxito de la Ley Antidiscriminción.
En un comunicado, la organización expresa su preocupación por la salida del Fiscal Armendáriz, según señalan, por presiones de sectores políticos de la derecha. Asimismo, advierten que revocación de las pensiones de gracia sería un retroceso.
Según consignó La Tercera, el INDH argumentó que “no era necesario evaluar la gravedad ni la permanencia de los impedimentos físicos o mentales, ya que esto era atribución del Ministerio del Interior y Seguridad Pública”.
De todas maneras, el consejero del organismo reconoció que la calidad de los antecedentes aportados debe ser revisada. “Eso es lo que hay que determinar a través de la investigación sumaria que solicitó Contraloría”, indicó.
El subsecretario del Interior explicó la situación de los 19 casos que no presentaban antecedentes médicos: “Toda esa información no la pide el Ministerio del Interior directamente a los afectados (…) esos los solicita el INDH”.
Por otra parte, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos aseguraron que las declaraciones de su directora fueron a título personal, y que no se ha discutido algo parecido en el consejo de la institución.
