La ex directora del INDH, Lorena Fries, afirmó que “lo importante es que se cometieron crímenes de lesa humanidad”. En tanto, abogados expertos en derechos fundamentales coinciden que lo ocurrido en el 2019 fueron vulneraciones generalizadas.
El Ministerio Público, el INDH y los abogados de Romy Vargas y de los jóvenes afectados por la marcha en Putre, piden que la causa sea vista por los tribunales ordinarios. Mientras, la Fiscalía Militar insiste en liderar la investigación.
La directora del Instituto Nacional de DDHH expuso sus críticas frente a la petición del fiscal general militar de que sea el pleno de la Corte Suprema la que zanje si el caso de Franco Vargas será visto por la justicia castrense o la justicia civil.
La acción tiene que ver con la filtración de chats por un eventual caso de lobby judicial a favor de la magistrada María Teresa Letelier que involucra a Mario Desbordes. Así, RN acusó al PC de encabezar una “operación política” contra el exministro.
Si bien el instituto es querellante en el caso “Operación Topógrafo”, el titular de Justicia indicó que las acciones por los delitos de funcionarios son ejecutados, con previa evaluación, por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
La filtración de chats por un eventual caso de lobby judicial a favor de la magistrada María Teresa Letelier, involucra también al ex ministro de Defensa y actual candidato a la alcaldía de Santiago, Mario Desbordes.
Durante la celebración del Día de los Patrimonios fueron varios los espacios que recalcaron la necesidad de que el Gobierno lleve adelante un proyecto para defenderlos. Esto, en el marco de una profunda crisis de financiamiento.
El juez de garantía de Arica rechazó la solicitud de la ministra en visita, Jenny Book, que buscaba que la investigación fuera realizada por la justicia militar, la cual fue calificada por el magistrado como “un sistema antiguo e inquisitivo”.
Junto con demandar verdad y justicia por estos hechos, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, insistió en que el caso debe mantenerse en los tribunales civiles.
Desde la institución afirman que pese a sus intentos desde el Ejército no han aceptado capacitaciones en derechos humanos, a diferencia de Carabineros y Gendarmería. En tanto, el diputado González amenaza con acusar constitucionalmente a Iturriaga.
Además, la jueza Paulina Zúñiga programó para el 30 de mayo una audiencia para resolver la competencia de los tribunales civiles en este caso. El INDH argumentó que debe ser visto en la justicia civil y no en la militar.
“Seguimos investigando para establecer la verdad y precisar si existió ocultamiento de información o derechamente se mintió.”, afirmó el comandante en jefe del Ejército, quien también anunció el inicio de la investigación a cargo de Jenny Book.
Romyna Vargas llegó al Congreso Nacional en busca de ayuda por el caso de su hijo. El diputado Rubén Oyarzo (PDG) denunció “ocultamiento de información”, y su par Jorge Brito (RD) demandó “apartar cualquier práctica abusiva” de la carrera militar.
Este martes los ministros del Tribunal Constitucional escucharon los argumentos de al menos 30 organizaciones, quienes defendieron sus posturas frente el requerimiento contra el artículo 12 de la Ley Integral contra la violencia.
Sobre una posible revocación de la pensión de gracia, Cordero dijo que “el Gobierno ha tomado conocimiento y, efectivamente, el Ministerio del Interior está evaluando los antecedentes para iniciar el proceso de revisión”.
“Dada la gravedad de los hechos expuestos por el INDH, S.E. el Presidente de la República solicitó todos los antecedentes disponibles para reevaluar inmediatamente la pensión de gracia”, señalaron desde La Moneda.
En el marco del Día de la Inclusión Social y la Cero Discriminación, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) recuerda los hallazgos del Informe Anual 2023, que dio cuenta del reducido éxito de la Ley Antidiscriminción.
