La acción judicial apunta a una omisión ilegal de la Gobernación Provincial de Petorca y la Secretaría Regional Ministerial de Salud, al no disponer de la cantidad suficiente de agua potable para abastecer a comunidades completas en las comunas de La Ligua, Petorca y Cabildo, lo que pone en riesgo a la población ante la pandemia.
Según indicaron a través de un comunicado público, los dichos del director del INDH sobre la naturaleza de los derechos humanos, no son aislados sino “una reiterada generación de confusiones”.
Las dos asociaciones de trabajadores y trabajadoras de la organización decidieron movilizarse en oposición al rol que ha tenido el director del INDH. “Hemos llegado a la convicción de que mientras más tiempo siga Sergio Micco en el INDH más daño le hará a este”, señaló uno de sus voceros.
El abogado experto en Derecho Constitucional señaló que los dichos del director del INDH son preocupantes. Y afirmó que quienes sean parte del Consejo de dicha institución deben tener un compromiso “a toda prueba”.
Las nuevas Reglas del Uso de la Fuerza, RUF, limitan el margen de acción de los funcionarios del Ejército, la Armada y la FACh al momento de ser requeridos en situaciones de contingencia, dentro de un contexto de excepción constitucional.
Luego del informe entregado por el Poder Judicial, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos advirtieron en la importancia de poner atención en los posibles focos de contagio al interior de los penales. Las condiciones de hacinamiento y poca salubridad, vuelven a ser el foco de las críticas.
Parlamentarios de Chile Vamos rechazaron el proyecto de indulto conmutativo impulsado por el Ejecutivo porque éste no incluía a criminales de lesa humanidad.
“Él ejerció un enorme liderazgo en 2012, cuando el Congreso Nacional aprobó su proyecto de ley de indulto general. ¿Por qué no ahora si las circunstancias son infinitamente más graves?”, afirmó el director del organismo, Sergio Micco.
Las profesionales pertenecientes a diversas organizaciones aluden a que las prisiones preventivas se dictaron en un contexto político distinto. “Muchas veces los motivos tienen que ver más con pensamientos políticos distintos que con la comisión de algún tipo de delito2, explicó la abogada Laura Albornoz.
El director del INDH manifestó su preocupación por la eventual propagación del COVID-19 en los 83 centros penitenciarios a lo largo del país, donde residen aproximadamente 50 mil internos.
En comparación a las manifestaciones del día viernes en Santiago, el número de personas detenidas se redujo de 200 a 36.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos denunció que tres jóvenes sufrieron lesiones oculares el viernes en el sector de Plaza Italia.
