El vicepresidente de la Convención Constitucional se refirió al trabajo de la instancia y de la coyuntura electoral y señaló que “hemos recibido un mandato de parte de la ciudadanía y ese mandato lo vamos a cumplir pase lo que pase con la presidencial”.
El abogado y vicepresidente de la Convención Constitucional agregó que “este proceso constituyente tiene una potencia transformadora que se sostiene, principalmente, en la masividad de la organización social”.
Cabe recordar que el tiempo estipulado para redactar la nueva Carta Magna es de nueve meses con una prórroga de tres meses, de esa manera se completaría el año en caso de ser necesario.
El emplazamiento del subsecretario de Interior provocó una serie de reacciones en parlamentarios y personeros de la centroizquierda. El candidato presidencial Gabriel Boric, aludido por Galli, exigió que “dejen de utilizar al Gobierno para hacer campaña electoral por sus dos candidatos”.
Al interior del ex Congreso, los y las convencionales integrantes de la mesa ampliada dedicaron unas palabras para conmemorar la apertura del debate de contenidos en la Convención Constitucional.
Pese a que el Ejecutivo y la mesa vislumbran un pronto acuerdo, el “gallito” de los recursos destinados para este 2022 es complejo sumado a la denuncia que han efectuado buena parte de los convencionales sobre la no ejecución de los pagos relativos a las asignaciones de este año por parte de la Segpres.
El documento establece instancias de apoyo que entregará la Universidad en diferentes áreas, con el fin de aportar al desarrollo del trabajo del órgano encargado de redactar la nueva Constitución.
Recursos técnicos y humanos serán puestos a disposición por los planteles de educación superior para el trabajo del organismo que escribirá la nueva constitución del país.
El objetivo del encuentro estuvo en la creación de un lazo entre ambas entidades para asegurar la participación de niñas, niños y adolescentes en el proceso de redacción de la próxima Carta Fundamental.
A punto de iniciarse la cuarta semana de trabajo de la Convención Constitucional, el doctor en Derecho y Coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de nuestra casa de estudios analizó el trabajo realizado hasta ahora, se pronunció respecto de las polémicas entre los mismos integrantes del órgano y aseveró que existe una agenda clara de los sectores que estaban en contra de llevar adelante este proceso constituyente para desacreditarlo.
El vicepresidente de la Convención Constitucional se refirió a la polémica en torno a los límites que debe tener la instancia dentro de la contingencia nacional y al trabajo que han desarrollado en sus primeras dos semanas de funcionamiento.
El vicepresidente del organismo Jaime Bassa, adelantó que durante esta jornada se analizará la iniciativa que se discute en el Parlamento y que busca liberar a los presos políticos detenidos durante las movilizaciones sociales del estallido social.
El fallo dado a conocer este jueves y que señala que la infracción al toque de queda no constituiría delito, sino que se trataría de una falta castigable con multa, el abogado constitucionalista reiteró la tesis que viene postulando desde octubre de 2019: que no respetar esa medida nunca puede ser sancionado con la privación de libertad.
El candidato a Constituyente por el Distrito 7 (Región de Valparaíso) y doctor en Derecho Constitucional afirmó que lo ocurrido en la Cámara de Diputados “habla de la falta de compromiso, de distintos sectores, con la profundización de la democracia en el país”.
El abogado experto en Derecho Constitucional señaló que los dichos del director del INDH son preocupantes. Y afirmó que quienes sean parte del Consejo de dicha institución deben tener un compromiso “a toda prueba”.
El experto en derecho constitucional participó en la Comisión de Derechos Humanos del Senado y abordó el desarrollo del estado de emergencia. “No respetar el toque de queda no es un crimen o simple delito, es una falta. No está tipificado como delito, por lo tanto, no es delito. No pueden ser arrestadas”, aseveró el abogado.
A poco más de un año de que el actual gobierno le cerrara la puerta al proceso constituyente impulsado por la ex presidenta Michelle Bachelet, un grupo de parlamentarios opositores buscan reflotar la necesidad de cambiar la Constitución de 1980. Una propuesta que, si bien es inviable desde el punto de vista legislativo, reposiciona una histórica demanda ciudadana.
