La directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI) comparece a partir de este lunes delante la Corte de Justicia de la República por el cargo de “negligencia”. El juicio durará hasta el 20 de diciembre. La pena máxima en que puede incurrir es un año de prisión y 15,000 euros de multa.
Jaime Campos mantendría dos sociedades comerciales con el abogado que representa legalmente a la empresa Morpho, encargada de proveer el software al Registro Civil y que se sindica como una de las responsables del cambio electoral de más de 470 mil personas.
Jaime Campos, además, informó que se reunirá con los jefes ministeriales y los representantes de cada servicio que dependen de Justicia, con el fin de tomar conocimiento de su nuevo cargo.
El abogado de Derechos Humanos también comentó el fallo de la Corte Suprema que revocó la libertad condicional de Raúl Iturriaga Neumann y abordó las incongruencias presentes en la justicia. Además acusó a Gendarmería por su actuar en el parto de la comunera mapuche Lorenza Cayuhan.
Recién iniciada la Transición a la democracia en el año 1991, el entonces presidente Patricio Aylwin sentó las bases de la “justicia en la medida de lo posible”, respecto de los crímenes y violaciones a los DDHH de la dictadura cívico-militar. Veintiséis años más tarde, se exhiben las grietas de un pacto desconocido por la mayoría de la población y cuyas consecuencias aun persisten en un plano mucho más amplio que el de los derechos fundamentales.
Las víctimas y los familiares siguen reclamando una verdad que les permita hacer justicia… ¿y el perdón? Para eso falta todavía más.
En el Especial de Prensa de Radio Universidad de Chile, el ex frentista acusó de violación al debido proceso en su juicio por delito terrorista y muerte de Jaime Guzmán. Por eso, indicó que recurrirá a tribunales internacionales.
El Tribunal de Alzada desestimó la impugnación hecha por la Fundación Ciudadano Inteligente al considerar que presentaba “deficiencias formales”. De esta forma se confirma la pena remitida de tres años dictada en contra del ex presidente de la UDI.
La falta de reglamentación en las universidades y el descrédito hacia las pocas víctimas que se atreven a denunciar son la tónica del abuso sexual cometido en contextos académicos; un tipo de violencia de género que, pese a ser más frecuente de lo que se imagina, permanece invisible.
El Tribunal de la Libre Competencia tiene 48 horas para remitir antecedentes a la justicia sobre el caso colusión. Luego, la Corte de Apelaciones de San Miguel determinará si la documentación debe ser conocida por la Fiscalía Sur.
Las conclusiones son críticas respecto de la especialización de los profesionales que trabajan en la reinserción de los infractores. En tanto, organizaciones acusan falta de infraestructura y medios para ejercer sus labores en los recintos cerrados.
Veinte días llevan en paro los trabajadores del Registro Civil. A la fecha, no han podido reunirse con las autoridades, para analizar cómo se solucionará la entrega del bono comprometido por el anterior Ministerio de Justicia.
A las 15.30 horas llegará hasta la comuna de Ñuñoa el ministro de fuero Juan Manuel Muñoz. En el lugar, tomará la declaración de Francisco Javier Errázuriz en el marco del caso que investiga el presunto encubrimiento de la Iglesia católica en los abusos sexuales cometidos por Fernando Karadima.
Ante el Octavo Juzgado de Garantía se presentó la solicitud de formalización contra cinco sociedades del Grupo Penta. De comprobarse el pago de coimas por las que son investigadas, arriesgan a la cancelación de su personalidad jurídica.
Los querellantes buscan que sea la empresa la que asuma los costos de los derrames en la zona. Por eso, llamaron a que la justicia no inculpe a los que están más abajo en la cadena de responsabilidades.
El 14 de septiembre se formalizará a Claudio Eguiluz a quien se lo investiga por emitir más de 20 boletas ideológicamente falsas a la minera SQM entre los años 2011y 2013, las que suman un total de 112 millones de pesos.
El eventual cierre de Punta Peuco pone de relieve los privilegios que han tenido los militares condenados por violaciones de derechos humanos en el periodo postdictatorial. El fin de dichos beneficios y la creciente victimización de aquellos que torturaron condimentan una discusión que tiene plazo de cierre.
Según el sitio web institucional, el recientemente condenado suboficial seguiría en servicio activo, específicamente en la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro, el ex Fuerte Arteaga, en la comuna de Colina.
