Iván Flores (DC) y Manuel José Ossandón (RN) destacaron el anuncio hecho por el Gobierno y señalaron que tiene elementos comunes con la iniciativa planteada por un grupo de integrantes de la instancia parlamentaria.
La reforma a la actual normativa “se ajusta a la experiencia y los estándares internacionales para perseguir las asociaciones criminales terroristas” y crea figuras para enfrentar al “terrorista individual o lobo solitario”, señaló Carolina Tohá.
Tras la reunión del comité político, las colectividades llamaron a los presidentes de las comisiones de seguridad del Senado y de la Cámara de Diputados a priorizar en los temas que tienen urgencia legislativa.
La ministra del Interior indicó que la actual legislación tiene varias falencias que impiden la persecución de estos delitos. La iniciativa se incluirá en el denominado fast track legislativo de la agenda de seguridad.
En la antesala de su visita a la región, se registraron incidentes en las comunas de Quepe y Curacautín. “Quienes realizan estos actos son una pequeña minoría violenta que va a ser perseguida», dijo el mandatario.
La autoridad reconoció la gravedad de los hechos, pero descartó el aplicar la Ley Antiterrorista. «No es la mejor herramienta. El nivel de prueba que hay que lograr para condenar a una persona muchas veces no se puede alcanzar», apuntó.
«Uno puede buscar justo el proyecto de ley que impida el acuerdo», afirmó Monsalve, frente al proyecto de modificación de la Ley Antiterrorista que lleva años en el Congreso y complica la agenda que el Ejecutivo busca zanjar en diciembre.
El presidente de la Democracia Cristiana hizo un balance de la Junta Nacional de la colectividad donde se mandató por parte de los dirigentes de todo el país a recuperar las confianzas y construir un mensaje único.
Ante el llamado del Presidente de aprobar la ley antiterrorista, el werkén de Temucuicui, Jaime Huenchullán aseguró que se trataría de una estrategia para “limpiar su imagen”.
Aprovechando su visita a la Región de Tarapacá, el presidente Sebastián Piñera visitó a las fuerzas que resguardan las fronteras y e insistió en su defensa al uso de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico.
La iniciativa fue aprobada no solo con el respaldo de parlamentarios de la Democracia Cristiana, sino que también contó con el apoyo de otros partidos de la oposición, como el PPD y el PS. Horas antes, el ministro Andrés Chadwick anunció que pondrán urgencia al proyecto de Ley larga Antiterrorista.
Ante la revisión del proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo, parlamentarios de oposición han manifestado su opinión favorable, y otros, su rotundo rechazo a la iniciativa. A un día de votar la idea de legislar, congresistas responden y piden explicaciones a los dichos del ministro del Interior Andrés Chadwick, quien aseveró que las organizaciones de este tipo reciben apoyo desde el extranjero.
El director del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile cuestionó la iniciativa que hoy promueve el Gobierno, ya que no abarca todos los aspectos necesarios para que la iniciativa sea realmente efectiva en un contexto de prevención de acciones violentas, como la ocurrida recientemente en la Comisaria de Huechuraba.
La académica y coordinadora del Programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Javiera Olivares; el sociólogo e investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, Santiago Ortúzar; y el sociólogo y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Miguel Urrutia, analizaron los hechos más relevantes en el plano nacional e internacional y que marcan la agenda noticiosa.
En medio del debate por apurar las modificaciones a la Ley Antiterrorista, Diario y Radio Universidad de Chile conversó con el senador Francisco Huenchumilla, quien aseguró que se debería intentar prevenir ese tipo de delitos en vez de darle más atribuciones a los fiscales.
Para el 25 de junio quedó fijada la audiencia contra el líder mapuche acusado por la Fiscalía de participar en un asalto a la caja de compensación “Los Héroes” en abril de 2018. Desde agosto de ese año, los comuneros permanecen privados de libertad, sin ningún tipo de beneficio carcelario.
En los próximos días, la Corte Suprema revisará el mecanismo para revocar la sentencia que condenó a comuneros mapuches bajo esa normativa. Pese a las recomendaciones y dictámenes de organismos internacionales, el Gobierno insistirá en reformar la ley utilizada principalmente contra comunidades mapuche.
