En caso de derogarse el artículo 46 letra G y a diferencia de los docentes de establecimientos tradicionales, titulados de otras carreras que trabajen como docentes en el sector técnico profesional se amparan en un decreto del ministerio de Educación. Aun así, expertos especifican que el Gobierno debe desarrollar planes pedagógicos para estos profesores.
En enero de este año, senadores de oposición presentaron un requerimiento de inconstitucionalidad ante algunos puntos de la Reforma Educacional. Hoy diferentes actores presentaron sus posiciones desde el TC, bajo la mirada del abogado, Fernando Atria, quien afirmó que ésta es solo una herramienta de la derecha para bloquear los proyectos.
Con una mirada crítica observan desde la oposición este cambio cronológico de los proyectos, que prorrogaría la iniciativa que busca la gratuidad universitaria de manera gradual. El oficialismo destaca que este nuevo plazo permitirá un mejor trabajo pre legislativo, aunque los estudiantes acentúan que esto solo sería positivo si se escuchan a las bases.
El Ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre presentó una fórmula que rebaja los años para el pago de arriendo a colegios que lucran. El objetivo es descomprimir el conflicto originado con algunos diputados de la Nueva Mayoría y evitar que una comisión mixta demore los plazos para la promulgación de la Reforma. Los senadores que negociaron las indicaciones también modificaron los años de transición para que liceos emblemáticos dejen de seleccionar.
Con divisiones al interior de la Nueva Mayoría finalizó la reunión entre parlamentarios oficialistas con las autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc). El objetivo era cotejar las indicaciones que se han trabajado con los senadores. Sin embargo, el pago de arriendo a un grupo de sostenedores dividió las aguas y mientras Camila Vallejo (PC) anticipó su voto de rechazo, el parlamentario (DC) Matías Walker, la apoyará.
En conversación con la tercera edición de Radioanálisis, el diputado (DC) y presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, Mario Venegas, se mostró partidario de que un administrador provisional se haga cargo de la Universidad Arcis. Además, anunció que de ser necesario, la discusión sobre la Reforma Educacional podría ser pospuesta para marzo de 2015, y no ser aprobada el 31 de enero, fecha fijada por el Ejecutivo.
Con una transición que no debería durar menos de diez años, el paso de atribuciones desde las municipalidades a entes autónomos y descentralizados, planea realizarse de manera gradual. Estos son parte de los elementos que ha planteado el Ejecutivo a los alcaldes oficialistas y de oposición. En este informe son ellos, junto al Presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, quienes exponen y reprochan las primeras ideas del Gobierno frente a uno de los ocho proyectos de la Reforma Educacional.
Representando a los docentes disidentes, la bancada de la Democracia Cristiana se reunió con Nicolás Eyzaguirre, con el objetivo de mediar el conflicto. La cita estuvo marcada por la inclusión de los educadores de regiones a las mesas técnicas.
Un documento sostiene la existencia de acuerdo entre los parlamentarios de la Nueva Mayoría y el Gobierno para tipificar al lucro como delito. La parlamentaria del PC, Karol Cariola acusa a la DC de romper el pacto.
Legisladores acusan irregularidades en establecimientos educacionales de las regiones de Atacama y O´Higgins, por lo que demandan una mayor fiscalización al programa y la reposición de los recursos antes de fin de mes. Desde la Junaeb aseguran que las raciones han aumentado desde diciembre del año pasado.
La agenda del ministerio de Educación se enfrenta a uno de los principales temas de la reforma en su primera etapa, que corresponde a cómo frenar el lucro en la educación superior. En ese contexto, diputados exigen urgencia al proyecto de ley que crea el “interventor especial” para aquellas universidades que sean sancionadas, además de solicitar una estructura estatal que regule a todas las instituciones, a propósito del caso de la Universidad Andrés Bello.
Siguen las declaraciones en torno al conflicto en la zona. Desde el Gobierno señalan que “el terrorismo y la delincuencia no van a prevalecer en la zona”, mientras las comunidades exigen evitar la criminalización.
