Con esto, la Justicia chilena dio la razón al Gobierno pese a que expertos, académicos y organizaciones de derechos humanos han acusado la ilegalidad del procedimiento, apelando, sobre todo, al Pacto San José de Costa Rica.
El tribunal de alzada aceptó la acción presentada por el organismo de defensa de derechos humanos, y dejó sin efecto la orden de expulsión contra los ciudadanos venezolanos emitida por la Intendencia de Tarapacá.
Aunque desde el Ejecutivo se aclaró este jueves que sí se vacunará a los migrantes irregulares que se autodenuncien, las palabras del canciller Allamand dejaron la polémica abierta. “Esto habla de un serio problema entre la dimensión técnica y la dimensión política”, advierte el analista Marco Moreno.
Son 87 migrantes quienes saldrán de Chile este miércoles en un primer vuelo de expulsión, los que se suman a 52 personas que a través de buses fueron forzados a abandonar el país. “Es la primera vez que en un solo día que se hace una expulsión administrativa tan masiva”, señaló el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.
El sábado pasado, en medio de la gran crisis migratoria que se vive al norte del país, un camionero fue inculpado de llevar inmigrantes venezolanos, desde el norte con destino a Santiago. Cargos de los que fue liberado, luego de que se comprobara que había actuado por razones humanitarias.
En su visita a la región de Tarapacá, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos aseguró que el problema no requiere de un mayor control en las fronteras, sino de una mirada a largo plazo.
La ciudad situada en la frontera con Bolivia en la II Región, sigue siendo el epicentro de la crisis humanitaria generada por la presión migratoria y que revela la incapacidad del Estado para buscar soluciones, tal como señalan expertos quienes predicen un escenario cada día más complejo.
En medio de la crisis migratoria que afecta a la comuna, esta madrugada murieron dos personas de las que se sospecha su deceso fue a causa del COVID-19.
“Durante 100 días, a partir del 22 de enero de 2021, el Departamento de Seguridad Nacional suspenderá las deportaciones de ciertos no ciudadanos cuya deportación haya sido ordenada”, detalló el secretario interino, David Pekoske, recién nombrado por Biden.
Dentro de los artículos acogidos por las y los ministros del Tribunal Constitucional se encuentra el retorno asistido de niños, niñas y adolescentes.
La propuesta fue presentada por medio de un foro en el que participaron Maria Emilia Tijoux, coordinadora de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile; Horacio Salinas, presidente de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor; y el músico Nano Stern.
Desde la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y el Movimiento Acción Migrante manifestaron su preocupación por la aprobación este jueves de la Ley de Extranjería y Migraciones impulsada por el Ejecutivo. “Viene a reforzar las desigualdades que vivimos las personas inmigrantes y refugiadas en Chile”, aseguran.
A lo largo de cinco sesiones, se presentará y explicará el manual que pretende entregar algunos lineamientos para la adquisición de competencias interculturales en la atención de salud a personas migrantes, iniciativa que se enmarca en el proyecto FONIS “El desafío de las competencias culturales en la Atención Primaria de Salud: estudio de la socialización entre usuarios inmigrantes y profesionales de la salud en la Comuna de Quilicura”.
Desde 2017 a la fecha se han reducido drásticamente las solicitudes de refugio, disminuyendo de más de 5 mil a sólo 432 en el primer semestre de 2020; lo mismo sucede con las solicitudes otorgadas, que pasaron de 162 a sólo 7.
Denuncias por malos tratos y expulsiones del recinto son parte de los testimonios entregados a este medio en contra del ex responsable del albergue, Claudio Espinoza. Al respecto, aunque el director de Educación de la municipalidad, Adrián Medina, confirmó la apertura de un sumario de investigación, el caso invita a reflexionar sobre hasta dónde llega la responsabilidad al hacerse cargo voluntariamente de uno de los grupos más vulnerables en el contexto de la pandemia.
Mery Cortez llegó este martes a las afueras de La Moneda para exigir justicia por el asesinato de su hijo en una protesta ocurrida hace un año en La Serena. “He tocado todas las puertas posibles; he ido al Senado, a la Cámara de Diputados, ahora a La Moneda, no sé qué más hacer”, declaró posteriormente en conversación con nuestro medio.
Solos o con familia, por error o adrede, las personas extranjeras que encontraron la muerte en octubre de 2019 tienen algo en común: sus casos aún no tienen responsables. Un seguimiento a casi un año de lo acontecido recaba en cómo ha continuado la vida para los familiares de Mariana Díaz Ricaurte, Julián Pérez y Romario Veloz.
