El general director de Carabineros es apuntado como responsable, autor y/o encubridor en al menos dos denuncias por crímenes de lesa humanidad que investiga la fiscal regional de Valparaíso.
En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, trabajadores de la institución comentaron cómo el caso del fiscal Arias desató una serie de conflictos al interior del Ministerio Público que han mellado su labor investigativa.
Trabajadores del Ministerio Público exigen que se realice una revisión de los cálculos y fórmulas para establecer las remuneraciones de los funcionarios, luego que se detectaran una serie de irregularidades en los reajustes y la entrega de bonos a propósito de la última negociación que tuvo al respecto el sector público.
Aunque la cifra ha aumentado respecto al último balance entregado por la Fiscalía, el fiscal nacional, Jorge Abbott, aseguró que, hasta el final de las investigaciones, no corresponde anticipar si se trataron o no de violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos.
Luego de su formalización, el fiscal suspendido cuestionó el proceso en su contra. “Ojalá no nos acostumbremos a formalizaciones tan equívocas”, dijo.
Por su parte, el presidente del Capítulo Regional Centro Norte de la Asociación de Fiscales, Roberto Rabi, criticó el estancamiento de recursos destinados al Ministerio Público, esto, pese al aumento de las expectativas y exigencias.
El fiscal Arias es investigado luego de que en abril pasado el fiscal Sergio Moya lo acusara de delitos de falta a la probidad, tráfico de influencias, trato preferente, y uso de información privilegiada, entre otros.
Sergio Moya denunció a su superior por los delitos de tráfico de influencias y obstrucción a la justicia en diversas causas penales llevadas adelante por la fiscalía de O’Higgins. Arias asegura que Moya solo busca difamarlo.
“Hay antecedentes que pueden reforzar la tesis del fiscal Moya”, dijo el hijo de la ex presidenta Michelle Bachelet.
En el marco de la grave crisis que afecta a la fiscalía de O’higgins, la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público hace un llamado a la máxima autoridad de ese organismo a mantener las garantías e independencia de la entidad investigadora . A la vez, solicitaron a los poderes Ejecutivo y Legislativo iniciativas para un mayor control al interior del Ministerio Público.
Se trata del primer juicio oral por financiamiento ilegal de campañas políticas y se espera que tenga una duración de seis meses debido a la cantidad de peritos y testigos que deberán prestar declaraciones.
Cinco actrices son las denunciantes contra el cineasta, además, la investigación cuenta con varios interrogatorios, análisis de chats, correos y otras diligencias que el Ministerio Público a recabado durante nueve meses.
