La senadora Yasna Provoste acusó a la derecha de intentar que la deuda de las aseguradoras “la pagaran los propios afiliados”. Así, su par del Senado, Juan Luis Castro, destacó que hoy “podemos decirle a la ciudadanía que ha imperado la justicia”.
La senadora Pascual dijo que existe “una defensa corporativa” de la derecha sobre las aseguradoras, mismo sector que impulsó la indicación de la mutualización. Así, la diputada Gazmuri reiteró que dicho mecanismo vulnera el fallo del máximo tribunal.
El presidente de la Comisión de Salud apuntó a que la resolución del órgano jurisdiccional va en la línea de los fallos del máximo tribunal, que obligan a las isapres a devolver a sus afiliados un monto total que supera los mil millones de dólares.
Tras la decisión del Tribunal Constitucional, el senador Juan Luis Castro (PS) espera “tener una sentencia que termine con la mutualización”. Por su parte, el diputado Andrés Celis (RN) adelantó que la oposición estudia una propuesta alternativa.
Parlamentarios tanto de oficialismo como de oposición apuntaron a que es muy probable que el mecanismo que reduce la deuda de las aseguradoras a la mitad -aprobado en la Cámara Alta- será modificado en esta nueva etapa legislativa.
El académico coincidió con los argumentos entregados por los senadores de centro izquierda, quienes llevaron la materia al Tribunal Constitucional. Según los parlamentarios, la mutualización va contra el fallo de la Suprema sobre las aseguradoras.
De todas maneras, el senador de la DC explicó que era necesario presentar un recurso en el Tribunal Constitucional, atendiendo a los acotados tiempos. “Nosotros no podíamos esperar a que la Cámara de Diputados lo tomara en marzo”, dijo.
Desde el sector insistieron que la aprobación de la medida va contra el sentido de los fallos de la Corte Suprema y detallaron las implicancias que podría conllevar esta acción en el trámite legislativo. “Mientras antes se resuelva, mejor”, dijeron.
El parlamentario de la Comisión de Salud espera que los legisladores tengan un tiempo prudente para revisar la Ley Corta de Isapres ahora que está en la Cámara Baja. Además, expresó su deseo de que no sea necesario la reserva de constitucionalidad.
Por mayoría, se aprobó una indicación que permitiría a las isapres bajar la deuda de US$1.180 millones a unos US$470 millones. El Gobierno y parlamentarios oficialistas hicieron reserva de constitucionalidad.
Respecto al fallo GES, el experto en salud pública recalcó que “nos estamos preocupando por pequeños fallos, cuando lo que hay que hacer es una reforma de fondo”.
