El tribunal de alzada ratificó el fallo del Séptimo Juzgado de Garantía que sobreseyó de forma definitiva al empresario Felipe Sánchez, dueño del inmueble, y a tres tasadores privados en la fallida compraventa de la exclínica.
La abogada Karinna Fernández lamentó la decisión del máximo tribunal: “En nuestro país parece que hay instituciones que se resisten a cumplir con sus funciones y analizar la profundidad de la evidencia”.
La acción fue presentada por parlamentarios del oficialismo, apelando a que su desempeño en el caso Sierra Bella y la investigación por presunto tráfico de influencias de la diputada Karol Cariola compromete la credibilidad del Ministerio Público.
La exalcaldesa de Santiago apuntó a las responsabilidades del Partido Republicano luego de que no se encontraran pruebas de delito. Asimismo, cuestionó la falta de resguardo a sus conversaciones privadas en el marco de la investigación.
La exalcaldesa afirmó que la causa “se podría haber cerrado mucho antes de las (elecciones) municipales”. La diputada del PC respaldó sus dichos y emplazó a Republicanos por “intoxicar a la opinión pública” con filtraciones malintencionadas.
El fiscal Cooper decidió no perseverar en el procedimiento porque no pudo “reunir los antecedentes necesarios para proseguir con la persecución penal”. El abogado querellante por el Partido Republicano, Sergio Rodríguez Oro, criticó la decisión.
La derecha celebró la apelación que cuestiona el fallo sobre las escuchas a Huneeus, mientras personeros oficialistas alertan que el Ministerio Público “juega con fuego” y cuestionan la intromisión de Chile Vamos en la justicia.
El Ministerio Público refutó los planteamientos de la Corte de Apelaciones de Antofagasta en el fallo que declaró ilegales ciertas escuchas telefónicas en el marco del caso ProCultura. “La resolución apelada causa agravio a esta parte”, indicaron.
El fiscal nacional justificó el cambio en ProCultura señalando que podría usarse “como pretexto para cuestionar la validez de un conjunto de diligencias”. Para proteger la causa, afirmó, “lo más seguro es que la conduzca otro fiscal”.
El ministro de Seguridad destacó que el caso ProCultura ejemplifica la importancia de que “el sistema político mantenga la distancia adecuada para el funcionamiento sano de las instituciones, cuando conviene y cando perjudica”.
La UDI exigió al fiscal Ángel Valencia que la decisión sea reconsiderada “de manera inmediata”, mientras RN la tildó de “una señal negativa”. El diputado y querellante en la causa, Andrés Celis, solicitará “las motivaciones” de la determinación.
La decisión del fiscal nacional Ángel Valencia se produce luego de que escuchas telefónicas a Josefina Hunneus fueran consideradas ilegales. La causa será asumida ahora por la Fiscalía Regional de Antofagasta.
La socialista declarará como imputada ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien lidera la indagatoria penal del frustrado proceso de adquisición, en el que se pesquisa el eventual delito de tráfico de influencias y fraude al fisco.
CIPER reveló que el dinero que la Fiscalía vinculó a la campaña del Presidente provenía de donaciones privadas y no de convenios con el Estado, como sostuvo el fiscal Cooper en su fallido intento por interceptar el teléfono del Mandatario.
“Yo tengo una absoluta tranquilidad respecto a todo lo que he hecho y no me cabe ninguna duda que lo mejor que puedo hacer como Presidente de Chile es nuevamente dejar que las instituciones funcionen”, agregó el Mandatario.
El Gobierno evitó pronunciarse en profundidad sobre el hecho y reiteraron que la medida intrusiva del “pinchazo” requiere “una justificación específica en el marco de una investigación”. Diputados oficialistas criticaron la nueva filtración.
Ciper Chile reveló que en octubre del año pasado, la policía grabó una conversación telefónica del Mandatario, en el contexto del caso Procultura que investiga el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.
