La Contraloría instruyó reiniciar el procedimiento disciplinario al determinar que la investigación desarrollada por el Ministerio del Interior no agotó el análisis de las eventuales responsabilidades administrativas en el proceso.
La parlamentaria del Frente Amplio y ex directora del INDH se mostró contraria a la idea de revocar el beneficio a personas con antecedentes penales. A su juicio, eso no quita que sus derechos fueron vulnerados en el marco del estallido social.
Dentro del listado se encuentran personas que tienen antecedentes penales y a quienes se le entregaría el beneficio, lo cual fue anulado por el Mandatario.
El Ejecutivo presentó anoche ante el ente fiscalizador los documentos para suspender el beneficio. Por lo que ahora la entidad deberá revisar y hacer la toma de razón en un plazo de 15 días hábiles.
El diputado Araya (Ind-PPD) valoró la decisión de enmendar lo que -a su juicio- generó “un lío político innecesario”. Mientras que el diputado Longton (RN), apuntó que el Presidente Boric es influenciado por “sectores radicalizados”.
Más de la mitad de los casos corresponderían a beneficios entregados durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric, mientras que seis fueron otorgados durante el mandato de Sebastián Piñera.
A pesar de las deficiencias del proceso liderado por el Ministerio del Interior y el INDH, la vicepresidenta ejecutiva de las comisiones Valech cree que no están las condiciones para acreditar las violaciones de DDHH ocurridas en el 2019.
La ex ministra de Transportes se refirió a las declaraciones de Evelyn Matthei sobre el desempeño del Ejecutivo, abordó los nuevos antecedentes en el Caso Democracia Viva y reprobó la manera en que las autoridades han manejado la situación.
Según expresó el diputado Juan Antonio Coloma sobre el otorgamiento del beneficio “lo que hace a nuestro juicio es configurar una serie de delitos que deben ser subsanados a la brevedad”.
Aunque el Gobierno dejará sin efecto 25 pensiones de gracia, desde la oposición insisten en que el caso no quede en “absoluta impunidad”. “Estamos hablando de recursos públicos que terminaron en manos de delincuentes”, aseguró el diputado Longton.
“No podemos permitir que el Gobierno siga coaccionado por las amenazas del Partido Comunista y el Frente Amplio de recurrir a organismos internacionales”, expresó el diputado UDI, Henry Leal.
Según consignó La Tercera, el INDH argumentó que “no era necesario evaluar la gravedad ni la permanencia de los impedimentos físicos o mentales, ya que esto era atribución del Ministerio del Interior y Seguridad Pública”.
La diputada IND- RN, Paula Labra, ofició al presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Andrés Tagle, para que se revele la militancia política de las personas que recibieron pensiones de gracia durante este Gobierno.
La Fiscalía Nacional abrió una investigación de oficio “con el de fin de recabar todos los antecedentes y, a partir de ello, analizar la posible comisión de delitos en la entrega de pensiones de gracia”.
De todas maneras, el consejero del organismo reconoció que la calidad de los antecedentes aportados debe ser revisada. “Eso es lo que hay que determinar a través de la investigación sumaria que solicitó Contraloría”, indicó.
El subsecretario del Interior explicó la situación de los 19 casos que no presentaban antecedentes médicos: “Toda esa información no la pide el Ministerio del Interior directamente a los afectados (…) esos los solicita el INDH”.
El líder PC se retractó de sus dichos, luego de respaldar a la diputada María Candelaria Acevedo, quien advirtió concurrir a la justicia en medio del debate sobre la entrega del beneficio. “No es un tema que esté planteado en nuestra cabeza”, dijo.
