El persecutor aseguró que sufrió hostigamiento y filtración interna de información sobre su trabajo, y defendió que la investigación ProCultura sigue vigente y podría derivar en nuevas reformalizaciones.
El tribunal de alzada rechazó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía de Antofagasta y mantuvo el arraigo nacional para los imputados, al considerar que no hay antecedentes suficientes para aplicar cautelares más gravosas en esta etapa.
El Ministerio Público afirmó que existió coordinación previa entre los imputados, respaldada en chats, viajes y vínculos políticos, para defraudar fondos públicos. En ese contexto es que pidió reforzar las medidas cautelares.
El Ministerio Público pidió aplazar la revisión del desafuero, instancia clave que definirá si el gobernador queda suspendido de sus funciones y enfrenta investigación penal sin fuero.
El Ministerio Público acudirá a la Corte de Apelaciones tras el rechazo de la prisión preventiva para los imputados y mantiene pendiente una solicitud de desafuero contra el gobernador metropolitano, Claudio Orre
El abogado Pablo Toloza acusó una rebaja de estándares en la decisión judicial, denunció falta de transparencia en las audiencias de formalización y anunció que prepara un recurso de apelación.
Tras cuatro días de formalización, el Séptimo Juzgado de Garantía resolvió que los antecedentes no acreditan aún delitos ni peligro para la sociedad.
La causa indaga el presunto uso irregular de más de $1.600 millones en recursos públicos entregados a la fundación, mientras la Fiscalía apunta a contratos injustificados y se mantiene abierta una arista política que involucra al gobernador de la RM.
La detención del psiquiatra y fundador de la ONG marca un hito en la arista del proyecto “Quédate”, donde el Ministerio Público investiga transferencias por más de $1.600 millones y presuntos abusos de poder por parte del gobernador regional.
En la audiencia, los fiscales regionales Juan Castro Bekios y Eduardo Ríos intentarán revocar el fuero de la autoridad para proceder con su formalización por los delitos de fraude al fisco y solicitar medidas cautelares en su contra.
Parlamentarios de RN celebraron la aprobación en la Sala de la Cámara de Diputados del informe final de la Comisión Especial Investigadora sobre los millonarios convenios suscritos entre el Estado y la Fundación ProCultura.
Junto al Consejo Regional, el gobernador Claudio Orrego interpeló a la compañía a devolver los más de mil millones de pesos correspondientes al proyecto. “Debe responder por los recursos de los santiaguinos”, dijo la consejera Valeria Ponti (RN).
La derecha celebró la apelación que cuestiona el fallo sobre las escuchas a Huneeus, mientras personeros oficialistas alertan que el Ministerio Público “juega con fuego” y cuestionan la intromisión de Chile Vamos en la justicia.
El experto constitucionalista cuestionó las críticas de la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, al máximo tribunal del país: “Suponer que la Corte Suprema está, por decirlo así, al servicio del gobierno es francamente insólito”.
El fiscal nacional justificó el cambio en ProCultura señalando que podría usarse “como pretexto para cuestionar la validez de un conjunto de diligencias”. Para proteger la causa, afirmó, “lo más seguro es que la conduzca otro fiscal”.
Desde el gremialismo sostienen que la salida del persecutor del caso ProCultura genera una “sensación de impunidad”. Por ello, exigieron al Ministerio Público dar garantías para que la investigación no se “congele”.
La acción legal no solo apunta a la fundación como ex empleadora directa, sino que incluye de manera solidaria a la Seremi de Vivienda y al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de la Región.
